ETA es una organización terrorista de asesinos. Asesinos muy patrióticos, desde luego. No es extraño que el patriotismo lleve al asesinato ya que, en esencia, consiste en creer que el amor a la patria lo justifica todo, asesinato incluido.
Además es una organización de asesinos de izquierda. Algún lector bienintencionado me ha dicho que si ETA es una organización terrorista no puede ser de izquierda. Muy sentimental y romántico, pero falso. Ya Marx, a raíz del fiasco de la revolución de 1848, en una famosa circular de 1850, defendió tácticas terroristas, y Marx es uno de los referentes de la izquierda, por no hablar de Lenin o Stalin. Y, desde entonces, muchas organizaciones de izquierda en todo el mundo han defendido las vías violentas y terroristas. Organizaciones asesinas de izquierda son las FARC colombianas o lo fueron la RAF alemana, las Brigate Rosse italianas, etc. Terroristas, asesinos e izquierdistas. No hace falta decir que la mayoría de izquierdistas que en el mundo somos repudiamos estos métodos, pero no estamos ayudando a acabar con esta lacra si nos negamos a admitir que un terrorista y un asesino es un asesino y un terrorista aunque sea de izquierda. Igual que las derechas no progresan cuando sostienen que los asesinos nazis o fascistas no son de derechas por el hecho de ser asesinos. Y ambos, derecha e izquierda, daremos muestras de alarmante decrepitud moral si llegamos a sostener que, por ser de derecha o de izquierda, alguien está legitimado para recurrir a la violencia o al asesinato en un sistema abierto y democrático.
ETA es, además, una organización con fuertes vínculos religiosos. En sus cuarenta años de existencia, en los que ha asesinado a policías, guardias civiles, militares, jueces, periodistas, catedráticos, concejales, políticos, gente de la calle, etc, jamás ha tocado a un cura o un obispo. Jamás. Y ya hay curas españolistas a los que la organización podría considerar "enemigos del pueblo vasco". No sé qué cantidad de creyentes habrá en ETA, pero es evidente que ésta cuenta con la simpatía y el apoyo de parte del clero vasco. Es decir, hay curas católicos cómplices y encubridores de asesinos.
Y no solamente curas. A lo largo de su existencia, ETA ha creado un complejo entramado de cómplices, auxiliares, recaderos, tapaderas y simples monigotes para llevar a cabo sus designios de asesinar gente, aprovechando los múltiples intersticios que la legalidad democrática española tiene, valiéndose de las garantías de la democracia y el Estado de derecho. Quizá el mérito mayor del enfoque de la lucha antiterrorista practicado por el juez Garzón haya sido acometer la tarea de desmantelar las tapaderas de los terroristas en todas sus manifestaciones, arbitrando procedimientos que, juntamente con los legales (por ejemplo, la vigente Ley de Partidos) permitan que la democracia pueda defenderse frente a quienes pretenden valerse de ella para destruirla. A Garzón corresponde el mérito de haber puesto en marcha métodos prácticos para resolver el sempiterno problema de la defensa de la democracia.
Tarea difícil porque en ella no hay que hacer frente solamente a los terroristas, los asesinos y sus cómplices y encubridores sino también a sus apologetas y legitimadores. Los primeros asesinan a inocentes, los segundos justifican los asesinatos tratando de deslegitimar el orden democrático que aquellos quieren reventar, sosteniendo que el país no es una verdadera o auténtica democracia, como si pudiera compararse la democracia más imperfecta que quepa imaginar con la inicua barbarie de una banda de canallas que se arroga el derecho a decidir por su cuenta quién debe morir y quién no.
Por descontando, estos métodos de defensa de la democracia son excepcionales (de hecho, no hay inconveniente en incluirlos dentro de las medidas de excepción para hacer frente a circunstancias también de excepción) y peligrosos, y hay que estar muy pendientes para que no se perviertan. Pero ese es un riesgo que todo demócrata estará dispuesto a correr a cambio de evitar la degradada situación en la que unas gentes, organizaciones y partidos consideran aceptable defender posiciones políticas en íntima conexión no sólo ideológica, sino orgánica, financiera y material con quienes asesinan a sus adversarios políticos, extorsionan, secuestran y aterrorizan a los ciudadanos que no son de su credo.
Tampoco hace falta decir aquí que quienes, sin formar parte directa del llamado "conflicto", por motivos religiosos o políticos (esto es, por el hecho de ser de izquierdas) atacan sin más todo mecanismo de defensa de la democracia no solamente dan pruebas de una considerable deficiencia moral sino también mental. La función de patrocinadores de los asesinos que algunos intelectuales adoptan es éticamente peor que la de sus patrocinados porque, cuando menos, estos arrostran los riesgos de su actuación delictiva, cosa que no hacen los primeros.
Las ilegalizaciones de fuerzas políticas, aun con todas las garantías jurídicas exigibles en un Estado de derecho, igual que las encarcelaciones de sus dirigentes y militantes, son medidas desagradables y excepcionales que hay que tomar para garantizar los derechos democráticos del conjunto de la población. Cuando el Tribunal Constitucional Federal alemán, en sendas sucesivas sentencias en los años de 1950 prohibió los partidos neonazi y comunista, estaba recurriendo a medidas excepcionales pero necesarias para salvaguardar la democracia de todos. Algo parecido está sucediendo en España hoy y está bien que suceda. Los asesinos deben ser perseguidos sin tregua y lo mismo sus cómplices, apologetas, encubridores e intermediarios. Con todas las garantías del Estado de derecho, pero con toda la contundencia de una sociedad democrática que no se deja intimidar. Pues cuando las cosas se hacen legal y legítimamente no pasa nada, no arde nada, ni se produce levantamiento alguno porque todo el mundo sabe que, existiendo la posibilidad de defender pacíficamente todos los programas políticos, el recurso a la violencia y el asesinato por vía directa o mediante complicidad y encubrimiento, debe estar penado y los culpables puestos a buen recaudo. E, insisto, no pasa nada.
Uno de los argumentos que suelen escucharse en contra de las medidas de defensa de la democracia es que las ilegalizaciones y encarcelamientos de los complices y encubridores de los asesinos que forman organizaciones "legales" dejan sin derecho real de sufragio al porcentaje de ciudadanos que los votan. Pero esa es una falacia. Negar el derecho de sufragio pasivo a los criminales no equivale a negar el activo a los electores. Estos siempre pueden votar a opciones políticas que defiendan los mismos objetivos que los otros por vías pacíficas y legales. Si de la independencia se trata, decenas de veces se ha dicho que nadie impide el derecho de voto de y a los independentistas catalanes. Lo que no se puede es pedir el voto para organizaciones que encubren a asesinos o colaboran con ellos. No se puede, lógicamente, pedir el voto para la Mafia o la Camorra. Y si en su día se hubiera prohibido pedir el voto para el partido nazi y el partido comunista alemán la magnífica República de Weimar estaría hoy a punto de cumplir noventa años y la Segunda Guerra mundial no se habría producido.
