El asunto de las lesiones del presunto etarra Igor Portu Jaurarena tiene una pinta fatal. El ministro del Interior convocó ayer una rueda de prensa para aclarar que se habían producido cuando el joven intentó evitar la detención, y la Guardia Civil se vio obligada a emplear la violencia. Si esto fuera así no habría más que decir. Todo el mundo entiende que, si un presunto delincuente intenta escapar, las fuerzas del orden empleen la violencia para reducirlo y en el curso del inevitable enfrentamiento, puede pasar de todo.
Las declaraciones del detenido, sin embargo, aun siendo bastante confusas, se prestan a otra interpretación: la de que fue apaleado por los Guardias Civiles, es decir, aparentemente torturado. Hasta aquí esto tiene también un valor limitado pues, como es sabido, los etarras y sus cómplices suelen denunciar torturas siempre, incluso en falso y, si no pueden probarlas físicamente, hablan de malos tratos psicológicos. El caso es desprestigiar a la policía y el hecho de mentir no es cosa que arredre a quienes suelen luego ser condenados por asesinatos.
Lo que sucede es que llueve sobre mojado; que, aunque parezca haber dejado de ser práctica ordinaria de las fuerzas de seguridad del Estado, de vez en cuando se producen episodios y casos de torturas en comisarias y cuartelillos que no por ser esporádicos son menos condenables. Y, sobre todo, en esta ocasión existen las lesiones, están médicamente documentadas, hecho que no puede pasarse por alto y que requiere una investigación minuciosa y eficaz para salir de dudas.
Quiero creer que no ha habido torturas y que la versión que da la Guardia Civil, respaldada por el señor Rubalcaba, es cierta; que no se trata de un caso como los recientes de los Mossos d'Escuadra en Cataluña o de los guardias civiles en Roquetas de Mar, cuando apalearon a un detenido esposado, Juan Martínez Galeano, hasta matarlo.
Precedentes, por tanto, hay en el País Vasco y en toda España y ya se sabe que estos casos son muy difíciles de desentrañar porque a veces es la palabra del detenido contra la de las fuerzas de seguridad. Por eso es necesaria una investigación rigurosa, exhaustiva y rápida. Y, si hay sombra de sospecha, el señor ministro del Interior debe presentar su dimisión entre otras cosas porque estos casos, sobre ser inmorales y criminales, constituyen bazas preciosas para los asesinos de ETA y sus secuaces.
La tortura tiene que estar radicalmente desterrada de nuestro país; en especial, con un gobierno de izquierda.
