Desde el restablecimiento de la democracia en España la Monarquía ha tenido un problema de legitimidad más o menos visible, pero nunca resuelto. Cuando comenzó su andadura, con un Rey impuesto por la voluntad de un dictador, la Corona sólo contaba con la llamada "legitimidad del dieciocho de julio" que reconocían únicamente los beneficiarios del golpe de Estado que se produjo en dicha fecha y los franquistas que hubiere en el momento de la accesión de don Juan Carlos al trono. Carecía sin embargo de las dos formas de legitimidad en que pueden estar basadas las Monarquías contemporáneas, la dinástica y la democrática. El Rey nombrado por Franco para sucederle a él como Jefe del Estado a título de Rey, según rezaba el artículo seis de la Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado de veintiséis de junio de 1946, era, desde luego, de "estirpe regia", como requería la citada ley, pero no era el sucesor legítimo del último monarca reinante en España, don Alfonso XIII, al ser nieto de éste y no hijo. Asimismo, la instauración de la Monarquía en España se hizo de acuerdo con lo preceptuado en las Leyes Fundamentales de Franco, pero no previa consulta popular. Es cierto que la Ley para la Reforma Política de 1976, que abría la vía a la democracia en España, incluía a la Corona en el paquete. Y es cierto que el voto mayoritario de la población fue favorable. Pero también lo es que la Monarquía como tal institución jamás se sometió al refrendo popular, como pedía la izquierda, con lo que tiene un déficit importante de legitimidad democrática.
Con las elecciones de 1977 ya convocadas, don Juan de Borbón, sucesor legítimo de Alfonso XIII, renunció a sus derechos en la persona de su hijo. Don Juan Carlos obtenía así la legitimidad dinástica, pero seguía sin tener la democrática.
El debate Monarquía-República sigue vivo desde el comienzo de la transición y cada vez que alguien lo plantea otro alguien sale diciendo que no es el momento oportuno. Para ciertos asuntos nunca hay "momento oportuno". Al comienzo de la transición pudiera ser cierto. El ejército, el poder real en España entonces, no hubiera permitido que se cuestionara la legalidad franquista. Todavía cinco años después se creyó con autoridad para intervenir en el proceso político a través de una intentona inverosímil. A raíz de esta intentona y de la actitud que tomó el Rey de oponerse a ella se ha interpretado que tal acontecimiento venía a suplir tal legitimidad democrática, atribuyendo a don Juan Carlos el doble mérito de haber "traído" la democracia a España en un primer momento y haberla "salvaguardado" en un segundo en que venían mal dadas.
Este razonamiento no es convincente. Aun pasando por alto el lapso que media desde el comienzo de la intentona militar de 1981 hasta la aparición del Rey llamando al orden a la milicia, habrá que admitir que tanto al oponerse a los militares golpistas como al facilitar el tránsito a la democracia, el Rey no ha hecho otra cosa que actuar como imponían las circunstancias. La democracia y el Estado de derecho no son concesiones graciosas del monarca sino el intento de éste de legitimar su Trono con la única legitimidad que hoy se admite, la demócratica.
Pero esa legitimidad sólo podrá adquirirla la Monarquía mediante un referéndum exprofeso sobre la forma de Gobierno del Estado. ¡Ah! Pero no es el momento oportuno, adecuado, idóneo. Precisamente estos tiempos en que la Corona parece atravesar turbulencias a causa de los independentistas pirómanos, los neocons antijuancarlistas, los fiscales ultramonárquicos son los menos indicados para propugnar un referéndum sobre la forma de Gobierno ya que se les estará haciendo el juego a los anteriores. Nunca es el momento oportuno para resolver ese déficit de legitimidad.
En el ínterin lo que el Rey hizo ayer en la inauguración del curso académico en la Universidad de Oviedo, fue tratar de cubrir el citado déficit recurriendo a otra forma de legitimación, en concreto, la de la eficacia. La Monarquía, dijo ayer S.M. el Rey, es la que ha procurado el más prolongado período de estabilidad y prosperidad en España. Es la llamada "legitimidad tecnocrática", la del rendimiento. La Monarquía es legítima, viene a decir el Rey, porque es útil. Un criterio pragmático, sobre el que ya teorizaron algunos ministros de Franco sin que fuera más verdadero. El "Estado de obras" lo llamaba el señor Fernández de la Mora, la "Monarquía de obras" parece estar diciendo el Rey.
Que ya va siendo hora. Ciertamente, sus partidarios negarán la idoneidad del momento, aduciendo esas aguas turbulentas por las que parece atravesar la institución. A los republicanos, en cambio, nos parece un momento de perlas porque abrigamos la convicción de que una República abordaría la cuestión nacionalista con mayor flexibilidad, aunque no sé si llegaría al reconocimiento del derecho de autodeterminación.
