En los cursos de verano de la UIMP, el señor Ian Gibson ha abogado por la necesidad de que los familiares de los asesinados, paseados, desaparecidos del bando republicano en la guerra civil, así como los de los represaliados en la postguerra, encuentren los restos de las víctimas y ha afirmado que "hasta que los perdedores no busquen a sus asesinados y les den un entierro digno, este país no está en paz". Igualmente, el biógrafo propugna que se incorporen las enmiendas de IU a la Ley de la Memoria Histórica (en su nombre vulgar) que aprobarán las Cortes seguramente en septiembre para que ampare más y mejor los derechos de las víctimas.
Luego, refiriéndose al revisionismo histórico de la derecha sobre la guerra civil, Gibson ha asegurado que los libros de Pío Moa hacen "mucho daño" y que si se venden es porque las derecha los compra en masa.
A su vez, Pío Moa no ha tardado en responderle con un artículo en Libertad Digital, titulado La golfería de Gibson, en el que insiste en su conocida interpretación, consistente e culpar de la guerra civil a las fuerzas obreras revolucionarias durante la República. Dichas fuerzas (socialistas, anarquistas, comunistas) no lucharon por la democracia y la república sino por la revolución. Es conocida esta posición que, en otras elaboraciones, suele sostener que la guerra civil fue ya cosa hecha con la sublevación revolucionaria de octubre de 1934.
Buscar culpables de las tragedias históricas es ocupación bastante inane. Además, si hemos de situar el origen del enfrentamiento en alguna fecha concreta, también valdría la sublevación del general Sanjurjo el 10 de agosto de 1932. Pero no me parece esto lo esencial. Como tampoco lo es, creo, pasar juicio de culpabilidad setenta años después. Lo esencial, en mi opinión, es encontrar una fórmula de entendimiento que permita la reconciliación definitiva. Es muy posible que haya un punto de razón en lo que dice Moa, esto es, que la sublevación militar de julio de 1936 vino movida por una situación insostenible en materia de orden público; en todo caso es lo que siempre sostuvo la propaganda franquista. Pero, aunque eso fuera cierto, la sublevación no se legitima ni un ápice y sigue siendo un acto delictivo, contrario a todo derecho, y así debe considerarse.
Sea de quien sea la culpa material, el hecho es que los asesinatos masivos en la zona rebelde, las "sacas", las ejecuciones extrajudiciales, los "paseos", los fusilamientos de republicanos y militantes y simpatizantes de las organizaciones del Frente Popular todavía están esperando el definitivo esclarecimiento. De las barbaridades cometidas por los republicanos en su campo ya se encargaron los franquistas de resarcir a las víctimas o a sus familiares. Para que la balanza se equilibre es necesario que ahora lo hagan los republicanos.
Y hay más. Terminada la guerra, la dictadura procedió con el país como si de un territorio conquistado se tratara, la represión siguió durante años, primero indiscriminada y masiva, después, "encauzada" a través de consejos de guerra y por último por medio del Tribunal de Orden Público y siempre, siempre, contando con las actividades de la Brigada Político-Social, una rama de la policia especializada en torturas y terror. Es justo que las víctimas de la represión se vean rehabilitadas y compensadas por sus sufrimientos bien ellas directamente, bien a través de sus familiares.
Devolver a la gente su memoria, su dignidad, sus derechos jamás podrá ser, como dice la derecha "reabrir viejas heridas", sino atender a un principio fundamental de la justicia de dar a cada uno lo suyo.
Aquí se criticó en su día por timorato el proyecto de Ley de Memoria Histórica. Es de esperar que lo que salga aprobado del parlamento, con las enmiendas de IU o las que sean necesarias, esté a la altura de la justa finalidad para la que fue concebida.
(Las ilustraciones son de Castelao ("Atila en Galicia", 1937) y Modesto Ciruelos ("Fusilados, 1936).
