Vendiendo imagen

La celebración de esta farsa político-judicial está dejando la imagen de España por debajo del suelo en que estaba. La negativa a admitir observadores internacionales permite predecir el curso posterior del proceso. El argumento de que se televisará en directo y se podrá ver en streaming es pueril y no oculta la intención se sustraerse al escrutinio internacional. Se añade que la selección de pruebas que el tribunal ha hecho ha sido en detrimento de la defensa que, además se ejerce en condiciones de precariedad. Todo esto, así, paladino, a la vista del mundo entero, está provocando una oleada de preocupación en Europa. 

Con un juicio tan descaradamente político, la imagen dominante de España en el extranjero es desastrosa. Muy preocupados, los estrategas del gobierno han lanzado una campaña internacional para detener la caída del prestigio del país y revertirla. Aquí tienen ustedes ya el ministerio de Asuntos Catalanes convertido en ministerio de Información y Turismo, o sea, de Propaganda. Borrell se da un aire a Fraga. Le ciega la misma ardiente pasión por la unidad de España. Y la misma falta de escrúpulos.

Despliegue de actividades a tambor batiente. Irene Lozano, que viene de UPyD, es responsable del programa "España Global", nombre que recibe ahora la Marca España de Rajoy después de su singular y ridículo fracaso. Esta España Global concentra su propósito de ridículo en contrarrestar el vicioso catalanismo internacional, la hidra de infinitas cabezas. Es un organismo de ataque. Lozano ha asegurado a la BBC que los presos catalanes han cometido delitos y por eso se ven en donde se ven. Típico del recio estilo castellano, la tal España Global pirateó el logo de la FundacióBarça. Aquí tan pronto te meten en la cárcel por haber cometido delitos por los que aún no has sido condenado como te birlan lindamente el logo. La condición es que seas catalán, gente rebelde y tenaz.

El ministerio de propaganda anticatalana está permanenetemente al acecho, imparte órdenes, financia estudios, desplaza peones y alguaciles a reuniones y debates en el exterior a difundir la doctrina oficial o doctrina homologaciana, esto es, España, Estado de derecho homologable con los vecinos.Cuanto más se empeña el Estado en predicar su condición de Estado democrático de derecho, más precaria se ve. Ninguna otra democracia "homologable" tiene que pagar millonadas por los más diversos conceptos (unos más normales que otros) a fin de demostrar al mundo lo que todo el mundo acepta que es, o sea, un Estado democrático de derecho. 

No es el caso de España. Por eso van por ahí cónsules, embajadores, ministros plenipotenciarios, jurando por doquier que España es lo que a los ojos de todo el mundo no es: un Estado democrático dee derecho. De ahí los millones, los ridículos, las presiones diplomáticas, las declaracioness extemporáneas y las mentiras desaforadas.

Pero no hay manera. Un Estado democrático de derecho no tiene presos/as ni exiliadas/os políticos.

Y mucho menos somete a proceso penal la disidencia política.