Este psicodrama colectivo en que el unionismo español de derechas, izquierdas y extrarradio ha hundido el país es ya tan complicado que huele a desenlace. En Hamlet, la verdad sale a la luz en una obra de teatro, "La muerte de Gonzago", que el príncipe ordena escenificar a unos cómicos en Elsinor. Es un ejemplo de la archicomentada paradoja del teatro dentro del teatro que ha hecho correr ríos de tinta sobre las relaciones entre la realidad y la ficción. La vida es teatro y se representa como tal, y, dentro de la representación, se escenifica otra obra teatral que contiene la clave para entender todo el enredo.
Paralelamente, en España, el teatro del sistema político de la IIIª Restauración no consigue desenredarse ni exponerse coherente o autónomamente por más que lo intenta. Y no puede, ya que depende de un conflicto, el de España-Catalunya, que, a su vez, no controla porque se dirime en otros lugares. ¿En cuáles? De un lado, en la efervescencia de la sociedad catalana, la evolución del sistema político catalán que poco o nada tiene que ver con el español. De otro, el teatro dentro del teatro ("La muerte de Gonzago", "La causa contra el independentismo"), que corresponde en este caso al proceso en el Supremo, convertido en la representación dentro de la representación y en la que se revela la clave del embrollo: en Hamlet, el asesino del padre, en La causa contra el independentismo, los rebeldes culpables. El asesino de Hamlet se descubría él solo; los rebeldes no solo no llevan ese camino sino el contrario, el de probar en el escenario judicial que su rebeldía es política, ideológica, pero no penal y que, por lo tanto, el proceso es una farsa. Y, al revelarse como farsa, descubre la verdad del teatro político español, empeñado en llamar Estado democrático de derecho a una clara tiranía de la mayoría con ribetes coloniales.
El primer día de este teatro dentro del teatro español no pudo ser más característico. La aviesa intención del tribunal de aplicar la "justicia" del enemigo queda patente en todos los momentos, tiempos, plazos y protocolos procesales por nimios que sean. Desde llenar el escaso aforo de legionarios de Cristo o similares hasta hostigar a los procesados, obstaculizando su derecho a la defensa por todos los medios, físicos y psíquicos. Las arbitrariedades, el comportamiento de unos policías no identificables, las restricciones caprichosas, todo va quedando patente a los ojos del mundo. Es imprevisible en qué pueda acabar este esperpento, jalonado de irregularidades que han hecho trizas toda esperanza de un juicio justo. Todo el mundo tiene por segura ya antes de empezar la última y contraria palabra de las instancias judiciales europeas. Hasta el tribunal la da por pronunciada, con la consiguiente tendencia a hacer de su toga un sayo.
Las defensas siguieron dos líneas, la más técnica, atenida a las cuestiones específicas en un proceso penal y la más política que cuestionaba la legalidad y, por supuesto, la legitimidad de toda la causa. Los dos criterios son complementarios y deben seguir siéndolo, pero el de mayor impacto mediático es el político. Quizá haya una diferencia de matiz en el objetivo propuesto (conseguir el fallo más favorable para el defendido o el mayor eco posible para la finalidad común de la independencia de Catalunya), al margen de las consecuencias judiciales. Pero eso no es importante, en tanto no dé lugar a contradicciones.
El intento del sistema político español (los diputados, los medios, los analistas, el Ibex, etc.) de seguir funcionando como si no hubiera proceso político y como si los poderes estuvieran separados, ha sido un fracaso mayor que el de la manifa del trío calaveras en Colón. Enfocar desesperadamente el asunto en el pretendido interés general de los PGE, llamando "normalidad" a una situación en que unos presos políticos están siendo juzgados en un procedimiento inquisitorial no sirve de nada.
La política española depende de la catalana y el conflicto no podrá resolverse si no es dialogando (pero no al estilo Sánchez, sino de verdad) sobre todo, negociando algo para conseguirlo todo: la estabilidad de la monarquía española y la república catalana como vecinas bien avenidas.
Por cierto, el hallazgo de la foto del juicio a Companys con que se ilustra el artículo, es muy significativa. Sin embargo, si es en verdad una foto de Companys (no me atrevo a pronunciarme), lo que sí parece es que no corresponde al juicio brevísimo y sumarísimo de guerra que se le siguió en Montjuic ante un tribunal militar por "adhesión a la rebelión militar". Pero no haya cuitas, probablemente corresponde al juicio que se le siguió en junio de 1935 ante el Tribunal de Garantías Constitucionales de la República por el delito de rebelión por el que fue condenado a 30 años de reclusión.
Nada nuevo bajo el sol imperial; ese que, en algunos sitios, se obstina en no ponerse.
