Lo de la diferencia de nivel apabullante de los dos primeros días entre las defensas y las acusaciones se ha hecho demoledor en los dos siguientes con las declaraciones de cuatro presos políticos.
Los diálogos de Turull y Romeva con la fiscalía parecen los encuentros en la tercera fase. Se trata de personas con mucha preparación, muy motivadas políticamente y con mucha experiencia. Enfrente, unos probos y aburridos funcionarios de rutinario pensar (sí, ya sé que no son representativos, pero son), incapaces de entender las motivaciones de los acusados que carecen de naturaleza criminógena porque sus actos son públicos, legales, pacíficos y responden de sus consecuencias que, ¡oh milagro! no les benefician personalmente sino que les perjudican.
La acusación pública escaló secuencias bochornosas. El fiscal no entiende el catalán escrito, pero no hace sino manejar papeles redactados en esa lengua, informes, documentos, tuits, que muchas veces no sabe leer. Excusado es decir interpretarlos e interpretarlos con el acierto y la sutileza que el lugar y momento requieren. Pues esa es la justicia del Estado español en Catalunya.
¿Recuerdan el pintoresco caso cuando el fiscal y el juez de la Audiencia Nacional preguntaban al procesado Joan Coma, acusado de incitación a la sedición, qué quería decir trencar els ous? De eso hace ya dos años. Pero seguimos igual: ¿qué malévolo propósito puede esconderse tras ese enigmático trencar els ous? Para hacer una truita. ¿Qué quiere decir truita? ¿Es el Estado, es el gobierno? Pues ahora, lo mismo: ¿no había un ánimo violento en aquellas exhortaciones a la paz y a mantener la calma? Al prever la violencia, se la estaba provocando. Es, más o menos, la línea de pensamiento del juez Llarena.
Es un juicio político total y un mal juicio, un esperpento en el que las acusaciones tratan de probar unos delitos concretos inexistentes para no dar la impresión de que persiguen ideas políticas. Pero no lo consiguen; no se han preparado el caso -eso es evidente- porque, para ellos, el independentismo en sí, como idea, ya es delito. Como para los jueces. Eso es lo que hace a estos jueces y parte en el proceso. Y la razón por la que no es un juicio justo.
Casi como una repetición del tercer día, los acusados se han movido en dos ámbitos distintos, complementarios y con igual nivel que los anteriores. Turull, al igual que Forn antes, dejó sin defensa a la acusación que no acusaba sino que se limitaba a insinuar solo para recibir contundentes desmentidos.
Romeva dio una clase magistral sobre el derecho de autoderminación tanto en el orden dogmático como en el legislativo y el jurisprudencial. Su saber tiene un componente teórico muy sólido enraizado en una riquísima práctica que hace inatacable su posición. En dos ocasiones señaló la paradoja de que representantes de un partido político xenófobo, contrario a los derechos humanos formen parte de la acusación a unos políticos democráticos, pacifistas y comprometidos con los derechos humanos. Dos momentos orwellianos.
La evidente complicidad de la sala en la decisión general de no tener que escuchar a los de Vox muestra hasta qué punto se es sensible del impacto de estos en la opinión pública, sobre todo, la europea, porque la española sigue manteniéndose en una beatífica ignorancia. O algo peor. La repentina fiebre españolista de Sánchez, que ha roto estrepitosamente con el independentismo, es, desde luego, una maniobra electoral, pero responde también al nacionalismo español más cerrado. Ese que monta en cólera cuando ve que no tiene nada que ofrecer a Catalunya que no sea la represión.
Vamos, lo dicho, el proceso está sirviendo para dar a conocer al mundo el estado de la cuestión del conflicto España-Catalunya en lo político y lo jurídico. No lo querían y lo han conseguido. Han conseguido hundir el buque. Porque una absolución implicaría un reconocimiento de la legitimidad del procés y su legalidad, y abriría el camino a la independencia. Pero una condena (la que sea) no será admitida y provocará una declaración unilateral de independencia. Más represión. Más gente a la cárcel. Más resistencia pacífica. Más cárcel. Estado de excepción permanente en Catalunya (lo llaman 155 para disimular). España se hace ingobernable y la mediación internacional, inevitable.
