La batalla de los presupuestos (PGE) está a punto de acabar dejando las cosas como estaban al comienzo, con un "no" independentista. Entre medias ha habido episodios de todos los colores y tonalidades. Las justificaciones del "no" tienen matices. Torra aduce que el gobierno no está dispuesto a abordar la autodeterminación; el PDeCat, que ese mismo gobierno no abre una mesa de diálogo con Catalunya; ERC, que el gobierno no ha hecho un solo gesto para propiciar el voto favorable.
Cierto, ni uno. Es más, tiene a gala subrayarlo, afirmando que en los PGE se habla de números. Sobre autodeterminación, ni en los PGE ni en los no PGE. Sánchez es un español de pura cepa. Llama a Puigdemont "fugado de la justicia", como hacía otro español de pro, M. Rajoy, que de justicia sabía mucho. Para estos muy y mucho españoles, el independentismo es impensable. Para sus jueces, un delito. Para sus curas, un pecado contra el Espíritu Santo.
Si Sánchez de verdad quisiera ver salvos sus PGE le hubiera bastado con hacer un gesto fuera de los números; una promesa de abrir una mesa de diálogo político sobre el derecho de autodeterminación de los catalanes. Pero eso es imposible. ¿Cómo van los españoles a hablar con pecadores, delincuentes y seres impensables?
Ciertamente, hubiera sido un movimiento inteligente porque avalaría el sí a los presupuestos para mantener un gobierno del PSOE comprometido a buscar una negociación. Dado que esta está tajantemente excluida, el "no" catalán es seguro. Y es el "no" más importante, contra el cual el gobierno ha hecho lo imaginable y lo inimaginable, sin resultado positivo. Han ganado los principios y a Sánchez solo le ha quedado el ser español, ponerse el mundo por montera y decidir gobernar con los PGE, los de M. Rajoy, prorrogados. Al fin y al cabo también le copia los procedimientos, por ejemplo, el seguir saqueando a los pensionistas birlándoles lindamente 3.700 millones de euros, con los que ayudará a sufragar la magna generosidad o magnanimidad con los catalanes.
El "no" catalán es decisivo. Muchos recuerdos a los avisados que, al comienzo del actual procés, de la revolución catalana (o la rebelión, según los jueces), afirmaban que el independentismo era un farol, un soufflé que bajaría en cuanto se hablara de dineros y se ofreciera un buen pico a Catalunya. El pico se ha subido, aunque no era tan alto como se dio a entender, pero el "no" se ha mantenido porque no es cosa de dineros, sino de principios.
Los de Podemos están insólitamente mudos. Comprensible, si se tiene en cuenta que también para ellos/as ha sido un desagradable descubrimiento que los indepes antepongan lo nacional a lo social. Y, sin embargo, era sencillo de ver si se va de buena fe: basta con recordar que lo social de los PGE del PSOE/Podemos no es lo social de Catalunya. Por eso se callan o, todo lo más, amenazan con no aprobar los presupuestos (los que habían pactado y predicaban) si no se cumplen sus requisitos. Algo que no se entiende bien pues, para comprobar si los requisitos se cumplen, el presupuesto ha de ejecutarse y, para ejecutarse, primero hay que aprobarlo.
Pero si Podemos/España enmudece, sus aliados catalanes juegan sus cartas. Colau dice a ERC que podrían hablar si dejan de someterse a la antigua Convergencia. Lleva mala uva el comentario; es retorcido y oscuro. Léase de este modo: podrían hablar si ERC rompe la unidad independentista.
No es cosa de números. Es cosa de principios. El presidente Torra anda explicándolos en los Estados Unidos y los presos políticos van a exponerlos públicamente en sus intervenciones en el proceso ideológico que se les sigue, disfrazado de farsa judicial.
En este proceso se dilucida si el independentismo es un delito. No si lo es la rebelión, porque no ha habido tal. Lo que está en juicio es una ideología, el independentismo. Si lo que en otras partes se reconoce o, incluso, se practica sin reconocerse, el derecho de autodeterminación, es un delito. Por eso la situación no tiene remedio: aceptar el delito implica prohibir toda manifestación independentista, partidos, asociaciones, círculos, clubes, como ya exigen en la extrema derecha. Convertir España en una dictadura abiertamente. Y es preocupante el apoyo que tienen estas opciones.
El proceso en marcha es un proceso inquisitorial, propio del antiguo régimen, que se ha convertido en moderno y hasta postmoderno sin dejar de ser antiguo.
