Pues están muy bien, oye. La foto tranquiliza mucho. Se les ve firmes, seguros, saludables y contentos. Y sonríen. Ahora nos gustaría tener también una foto de Forcadell y Bassa y ya la satisfacción será completa. Aquí no se atisban las miradas aviesas, los fríos puñales en las bocamangas que los analistas procesólogos detectan con fino olfato.
"¡Ah, es el vergonzoso resultado de los privilegios de que gozan estos políticos presos!", rezonga un cuñado de C's. Privilegios, ninguno. La sonrisa viene de su conciencia de tener un pueblo detrás, que lleva más de un año movilizado en su apoyo y procura de su libertad. De saber que han llenado Catalunya de lazos y cintas amarillas. Ellos, que no llevan ninguna, pues no les hace falta. Ellos simbolizan el amarillo. Simbolizan la lucha contra la injusticia porque, como dice Thoreau en su Desobediencia civil (1849) "cuando un gobierno encarcela a alguien injustamente, el lugar adecuado para un hombre justo es también la cárcel."
Presos políticos, presos de conciencia que no han cometido delito alguno pues la violencia les es ajena. Presos que, por mandato democrático del electorado, han participado en un proceso unilateral de independencia como el que hizo Kosovo que España no reconoce pero casi toda la Unión Europea, sí.
El juicio que les espera, si antes no se hace la razón, se les pone en libertad y se declara nulo todo el procedimiento, es digno de Alicia en el país de las maravillas. Si la votación del 1-O fue un delito, además de procesar a los organizadores materiales, habrá que empapelar a los instigadores, los cómplices y los colaboradores necesarios. Por lo bajo, tres millones de personas. Ya tiene trabajo el decapitador de la reina de corazones. Porque o bien el asunto es estrictamente judicial y hay que procesar a los casi tres millones de votantes o bien es estrictamente político y hay que poner en libertad a los dirigentes injustamente encarcelados.
Este procedimiento es tan absurdo como el célebre proceso por la sombra del burro y, de disparate en disparate, acabará peor. Acabará con el poco Estado de derecho que queda en España. La sociedad catalana no aceptará condena alguna de sus representantes. No la Generalitat que, por descontado, tampoco. La sociedad en su conjunto. Así que esperen las subsiguientes elecciones catalanas con una holgada mayoría independentista. En realidad, la sociedad no acepta el juicio mismo por considerarlo una venganza política. Lo dicho, esperen las elecciones y esa mayoría independentista.
A no ser, excelencias, que decidan terminar el golpe de Estado iniciado con el art. 155. Se aplica de nuevo, se interviene directamente Catalunya, su gobernación y medios de comunicación, se suprime su autonomía y se envía un virrey, según acreditada costumbre. La excepción se hace norma. La dictadura.
La pregunta es: ¿cuánto creen que aguantarán, excelencias? La dictadura nunca es solución.
Un saludo a los presos políticos de Lledoners. Bueno, a todos los presos y presas, exiliadas y exiliados, embargados y embargadas por razones políticas en el Estado español.
