dimarts, 13 de novembre del 2018

De la farsa judicial al expolio

Sigue la guerra del nacionalismo español contra Catalunya. No hay día en que no se ataque al independentismo desde algún frente: políticos falangistas como Rivera, falangistas políticos como Abascal, militares más o menos excedentes, delincuentes callejeros al servicio del falangismo, funcionarios de la policía, ministros, tribunales de justicia, órganos de la administración, tribunales económicos. Todo vale en contra de Catalunya. Consigna: hacer el mayor destrozo que se pueda. Atacar sin descanso. Hacer escarmiento ejemplar. Corren rumores de que se pretende meter más independentistas en la cárcel.

Y todo eso con un gobierno de izquierda, aliado a un partido de más izquierda. Gentes que criticaban la política represiva del PP y su judicialización del procés pues, decían, siendo el conflicto político, debería tener soluciones políticas, no penales. Gentes del "diálogo" y la "negociación". Gentes sin escrúpulos que pretenden pasar por encima de la dignidad un pueblo, pidiendo con todo descaro a los gobernantes catalanes que ignoren la agresión a su país y aprueben unos PGE para garantizar la estabilidad política de los agresores,

Que la causa general contra el independentismo es una farsa judicial escandalosa ya lo sabe todo el mundo. El abuso y la iniquidad resultarán aun más evidentes en el curso de una vista que, a tenor de la instrucción, promete ser un cúmulo de atropellos y violaciones de los derechos de los acusados y los principios elementales de la justicia. 

Para intensificar el ataque del Estado a Catalunya, los dos principales partidos dinásticos se han repartido el Consejo General del Poder Judicial. Así se garantiza que los  jueces aplican diligentemente la "justicia" del gobernante. 

Esta es la realidad de un Estado beligerante cuyos representantes ponen el grito en el cielo cuando el presidente Torra habla de "atacar al Estado injusto". Como si en Catalunya hubiera otra posibilidad que defenderse atacando. 

Como si hubiera otra salida que la unilateral.

A los tribunales de justicia en su persecución a Catalunya se une ahora este adefesio, este remedo de tribunal, compuesto por paniaguados del bipartidismo, parientes, amigos y subordinados de los políticos con el encargo de atacar al independentismo por la vía económica. Este órgano es un paradigma de incompetencia (o complicidad), pues no ha revelado ningún escándalo de financiación ilegal y corrupción de partidos, que está obligado a vigilar. Es también un órgano corrupto en el que cien de setecientos funcionarios son familiares de los magistrados y al que hasta el Tribunal Supremo (que tampoco es un ejemplo de transparencia) ha tenido que llamar la atención por no cumplir sus deberes de fiscalización.

Salvo que se trate de independentistas catalanes. En ese caso, el tribunal de cuentas actúa con dureza y rapidez en una causa tan arbitraria e injusta como las que se inventa el Tribunal Supremo. Pero hay más y en el terreno simbólico: es increíble, verdaderamente increíble, que unas personas nombradas por el partido más corrupto de la historia moderna del país, que ha robado decenas de millones de las arcas públicas, pidan cuentas exageradas a quienes han tenido un comportamiento intachable y han posibilitado que se materializara el mandato democrático del pueblo.

Que una persona como Margarita Mariscal de Gante, ministra que fue en un gobierno cuyo vicepresidente está hoy en la cárcel por ladrón, persiga a los adversarios políticos de sus jefes muestra no ya que España no es un Estado de derecho, sino que es un Estado de delincuentes sin escrúpulos que abusan del poder que detentan para aniquilar a sus adversarios políticos, metiéndolos en la cárcel, arruinándolos de por vida. Como sea.

No lo conseguirán, claro, pero es bueno que se sepa qué calaña de individuos gobierna España.