El ministro de Asuntos Catalanes, Borrell, sigue empeñado en ganar lo que él llama la "batalla del relato" en el exterior sobre el independentismo en España. El nuevo paso consiste en el envío a las embajadas de un powerpoint de 27 páginas (sic) para que lo empleen como argumentario. Al parecer es obra de un profesor de la Universidad de Córdoba y en él se refutan los argumentos de "España es diferente", demostrándose que, por el contrario, es un país democrático normal como todos los de su entorno que, además, está muy bien situado en todos los índices de cosas nobles, como la democracia y la separación de poderes.
Habrá que esperar a que el ministro lo difunda también en el interior para juzgar pero, por lo que informa El confidencial, parece un argumentario oficial que trata de apoyarse en pruebas empíricas, contrastables para mejorar el buen nombre de España por un lado y desmerecer las pretensiones independentistas por otro. Nada nuevo ni especialmente pertinente. Este tipo de ejercicios no sirve de nada ni prueba nada. Todos los índices de democracia y estado de derecho se derrumban con la existencia de presos y procesos políticos.
Todos los alambicados (y falsos) cálculos sobre los resultados electorales, mezclados con las habituales especulaciones sobre mayorías y minorías en Catalunya se desvanecen ante la sencilla propuesta de salir de dudas mediante un referéndum de autodeterminación.
Todas las objeciones a un referéndum por razones de principio quedan en ridículo con los ejemplos de los referéndums habidos en Quebec y Escocia. Si tan acabado es el modelo de Estado democrático de derecho en España, no se explica por qué casi un 64% de la población considera necesaria una reforma profunda o completa de la Constitución.
Es imposible justificar racionalmente la negación de un derecho fundamental como el de autodeterminación. La única posibilidad es prohibirlo por la fuerza. Y, al hacerlo, se abre la vía a que la derecha de C's pida ilegalizar los partidos independentistas. Lo cual lleva al país por sendas crecientemente autoritarias. Como se prueba por la concentración fascista de ayer en Vistalegre.Y es que los sistemas políticos han de juzgarse no por el nominal de sus instituciones, sino por el real de su dinámica diaria.
La realidad del conflicto entre España y Catalunya no reside en los relatos, sino en los actos que muchas veces ocultan los relatos. Gracias al periódico Ara sabemos que, el día siguiente al referéndum del 1O, el gobierno sacó miles de millones de euros de Caixabank y el Sabadell y un par de días después, ambas entidades trasladaron sus sedes fuera de Catalunya. Fue objeto de atención de los medios que, a causa de la incertidumbre del procés, muchas empresas estaban deslocalizándose. Algunos sospechaban que la salida era una operación política en la que participaba el mismo rey. Ahora hemos sabido algo mucho peor: que aquellos dos bancos ocultaron al govern la retirada de fondos ordenada por el gobierno central. No sé si cabe encajar en la fórmula del Estado democrático de derecho un comportamiento tan desleal. Lo que sí cabe decir es que esa medida si duda podía haber desencadenado un pánico o alguna reacción desestabilizadora, como un corralito, probablemente lo que, en un alarde de irresponsabilidad, se buscaba.
Este tipo de agresiones del Estado a Catalunya es lo que da viento a las alas del independentismo, lo que hace que esta causa tenga cada vez más apoyo y seguidores y que sea imparable.
