Aquí mi artículo del martes pasado en elMón.cat, titulado El poder, ¿para qué se quiere? Fue capricho del destino que, después de publicado, se produjera la noticia de la visita de Iglesias a Junqueras, abundantemente tratada en los medios, pero no en el artículo.
Para compensar, relato una variante de la leyenda de Prometeo que me vino a la memoria. Estando el titán encadenado en el Cáucaso y sufriendo el horrible tormento, acertó a pasar Hércules por allí con un recado de Júpiter todopoderoso, quien lo había condenado y aherrojado por entregar el fuego a los hombres. El recado era que el del rayo liberaría a Prometeo si este le delataba el nombre de quien estaba destinado a destronarlo. Según otros, fue una treta de Prometeo, más rico que Ulises en recursos, quien, aprovechando el paso del infeliz Hércules, lo mandó al olímpico a decirle que, si lo liberaba, le diría el nombre del pretendido deicida. A los efectos, da igual. Ninguno de los dos recurrió a Mercurio, mensajero habitual, del que no se fiaban. Preferían a Hércules, hijo de Júpiter.
Solo queda advertir que cualquier parecido entre los tres seres míticos y Sánchez, Iglesias y Junqueras es mera coincidencia.
Aquí la versión castellana
El poder, ¿para qué se quiere?
El conflicto España-Catalunya versa sobre el poder, su adquisición y su uso. Como siempre en política. Al margen de otras consideraciones, las relaciones de las dos entidades son jerárquicas. El Estado español detenta todo el poder con las limitaciones propias de los usos del Estado democrático de derecho y el contexto internacional.
La aspiración del independentismo gobernante en Catalunya, o semigobernante, pues la pérdida de la mayoría absoluta parlamentaria lo hace peligrar en el mando, es reforzar su poder a fin de gestionar sus recursos y gobernarse por sus leyes. Quiere el poder necesario para ser independiente. No lo tiene y la prueba es que, a pesar de haber declarado su independencia, no es capaz de hacerla efectiva pues no controla su propio territorio.
Por eso, ambas entidades, Estado y Generalitat se encuentran en conflicto. El problema del primero es la proporcionalidad; el del segundo la resistencia. El Estado dispone de una maquinaria cuya capacidad de overkill es contraproducente. Responder al proceso independentista encarcelando durante un año sin juicio a sus dirigentes o forzándolos al exilio no solo no resuelve el problema sino que es el principal obstáculo para resolverlo.
A su vez, la Generalitat independentista ejerce una parcela de poder sometida al control del jerárquicamente superior. Este trata de conseguir la aceptación del sometido de buen grado pero, si lo cree necesario, recurre a la coerción. La Generalitat esgrime una pretensión de legitimidad democrática de raíz y mantiene su reividicación independentista, esperando obligar al Estado a aceptarla a través de un referéndum pactado. Tal cosa es perfectamente posible en otros países democráticos, como el Canadá y el Reino Unido. No así en España que no es un Estado democrático de derecho, cual pretende, sino un régimen autocrático, heredero de una dictadura sanguinaria y disfrazado de democracia con una Constitución cuya función es la de una hoja de parra.
En estas condiciones, el independentismo, que juega en desventaja, tiene que hacer valer todas sus oportunidades, o aceptar la perpetuación del sometimiento a los designios de un Estado concebido no solo al margen sino en contra de Catalunya. El episodio que se abre con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) es el mejor banco de pruebas imaginable de lo que se dice.
Los hechos quieren que el Estado dependa del voto favorable independentista para el cumplimiento de sus funciones. En consecuencia, la Generalitat dispone de un poder significativo para conseguir sus objetivos. El conflicto se hace patente y hasta se agudiza pues, lejos de buscar diálogo con el independentismo, el Estado intensifica su hostilidad judicial en todos los frentes, como se ve con laa persecución al conseller Buch, el procesamiento del Mayor Trapero y el recurso de inconstitucionalidad por la declaración del Parlament contra Felipe VI. En el orden retórico y declamatorio, el gobierno presiona al independentismo con demagogia y chantaje a través de los PGE, haciendo ver que antepone una consideración identitaria al bienestar de todos los españoles, catalanes incluidos, quieran o no.
¿Qué hará la Generalitat? Si nos atenemos a la experiencia, claudicar y apoyar los PGE de la seudoizquierda española en la situación colonial que se vive en Catalunya, sacando quizá alguna tajada menor en inversiones que solo hará más patética la sumisión. Si tal cosa sucede no solo se habrá cedido en la muy simbólica cuestión de los presos (lo que facilitará que el Estado siga encarcelando arbitrariamente a independentistas) sino también en la del referéndum de autodeterminación. Porque si el unionismo pretende justificar la existencia de los presos por la división de poderes no puede también justificar la falta de negociación de un referéndum de autodeterminación sino es por la negación arbitraria y sin argumentos propia de la relación colonial que quiere conservar en Catalunya.
Los partidos independentistas disponen excepcionalmente de una palanca de poder eficaz frente al Estado a base de negar su aprobación a los PGE. La disyuntiva en consecuencia es simple: o bien la emplean, recordando que el poder solo es eficaz si pasa de la amenaza a los hechos, o bien renuncian a ella y asumen sus consecuencias. Y la primera de todas es que la dirección del movimiento independentista pasará definitivamente a la gente en la calle, cuenta habida de que los partidos incumplen el mandato del 1-O.
