dissabte, 6 d’octubre del 2018

La farsa judicial no puede parar la independencia

Cuentan las crónicas que en la batalla de Fontenoy, en la guerra de sucesión austriaca en 1745, al avistar las tropas inglesas, el conde d'Anterroches, se adelantó caballerosamente y exclamó: "¡Señores ingleses, disparen los primeros!". La fusilería de la época era de avancarga, lo que obligaba a disparar por tiempos; primero una línea, luego otra, mientras la primera recargaba. Entre tanto, la primera línea del enemigo disparaba a su vez. Así que tirar los primeros era ventajoso. Eran tiempos de cortesía, elegancia y caballerosidad. Algo parecido parece estar sucediendo con la política catalana. Pero solo lo parece.

Después del desbarajuste del jueves, el presidente Torra y el vicepresidente Aragonés tratan de tranquilizar a la concurrencia prometiendo unidad del govern hasta las sentencias del "procés". Es como si Torra se hubiera adelantado diciendo: "Señores jueces, disparen los primeros". Elegante y caballeroso, aunque quizá con gente que no lo merece. Pero también desconcertante porque, en el mismo momento, el MHP asegura que el govern no aceptará las resoluciones judiciales del Supremo.

Extraño, si no incomprensible: si no van a aceptar las resoluciones judiciales del Supremo, ¿para qué fijarlas como plazo final de acción, como término ad quem? Un elemental sentido de la justicia obliga a rechazar esa farsa política disfrazada de proceso judicial instruido por unos pretendidos jueces franquistas o del Opus o ambas cosas. Y, si se rechaza, carece de sentido esperar a las sentencias. Solo cabe reclamar la anulación de toda la causa, la liberación de los rehenes políticos del Estado y la exigencia de responsabilidades a quienes han puesto en marcha esta farándula procesal, que ha quedado al descubierto gracias a la justicia extranjera. Si llega a ser por la resistencia de la sociedad española y la inexistente función indagadora de los medios, los ahora injustamente encarcelados serían aun más injustamente condenados. 

Los presos políticos catalanes no pueden esperar justicia de los tribunales españoles. Lo sabemos todos, incluidos esos mismos tribunales, que no se molestan en disimular su catalanofobia, como tampoco disimulan su machismo. Carece, pues, de sentido mantener la espera por si una justicia prevaricadora de arriba abajo pudiera regenerarse de pronto. Es una esperanza perdida, incluso, un intento de sabotaje. 

Agravado por el hecho de que, a diferencia de los independentistas, el gobierno del Estado (del que algunos dicen que es más dialogante que la banda de ladrones del PP), amenaza directamente con actuar por la fuerza si la Generalitat o el Parlament hacen algo que no le gusta. A eso lo llaman "ir contra la Constitución", exactamente igual que el PP. 

El lamentable episodio del jueves se dio por el empeño de algunos líderes independentistas de encontrar una fórmula milagrosa para cumplir con el mandato de desobediencia al gobierno central pero sin que este pueda tomar represalias. Es un empeño absurdo movido por los letrados del Parlament, esos de los que Unamuno diría que se entretienen en contar los pelos del rabo de la esfinge. Algunos políticos se amparan en la competencia técnica de unos fucionarios sin duda muy grande pero irrelevante aquí ya que no se trata de encontrar un atajo para desobedecer en algo, aunque sea poco, sin sufrir castigo penal, sino de llevar adelante la decisión política de desobedecer al Estado monárquico, sean cuales sean las consecuencias.

Da la impresión de que, quienes se comprometieron a cumplir el mandato del 1O de 2017, reiterado en la Diada de este año, pretextan los dictámenes contrarios de los letrados esperando que la movilización popular amaine. Pero no son los letrados quienes deben decidir políticamente, sino el Parlamento soberano, cuyas decisiones no pueden verse contradichas por los autos y decisiones de unos jueces sesgados, parciales, catalanófobos y franquistas. 

Y, en cuanto a la esperanza de que el movimiento amaine, es una quimera. La unidad y transversalidad de este proceso revolucionario no se ha roto hasta hora y no es de esperar que se rompa. Las decisiones en Catalunya las toma el Parlament; no los letrados. El presidente Torra mantiene el ultimátum al gobierno, lo cual adelanta el término de la confrontación un par de meses y, como el gobierno central ya lo ha rechazado el govern está legitimado para proceder por la vía unilateral, digan lo que digan los letrados.