Ya está todo el mundo al cabo de la calle de que la farsa judicial montada al alimón por el gobierno español, el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sido un rotundo fracaso con aires de ridículo y consecuencias por ahora imprevisibles pero que pintan mal. La conversión de un intento de causa general contra el independentismo en un proceso judicial garantista estuvo tan repleta de irregularidades y reveses internacionales que ha quedado en un esperpento.
Esperpento que se aviva hoy con las andanzas del juez Llarena en busca de amparos frente a su triste destino que, para su congoja, quizá le sea muy gravoso y no solo en su estima profesional, sino en su bolsillo, ya que el tribunal alemán pudiera condenarlo al pago de costas. Evitar este resultado es el objetivo de la petición de amparo al CGPJ. Este, presidido por el ariete de la derecha más montaraz, Lesmes, lo ha otorgado e instado al gobierno a hacerlo efectivo. No correspondía formal ni materialmente. La solicitud se presentó fuera de plazo y no se refiere a un procedimiento por hechos de la función jurisdiccional en sentido estricto, sino por manifestaciones personales públicas en ámbitos no judiciales que lo podrían inhabilitar como juez instructor. No es asunto menor: tener a nueve personas en prisión durante casi un año por orden de un juez que podría haber incurrido en actos inhabilitantes es una monstruosidad y demuestra el absoluto desastre a que ha llevado la política persecutoria del PP, alentada por C's, PSOE y algunos de Podemos.
Un desastre en el que emerge la figura de presos y exiliadas, sometidos ahora a la iniquidad de un prisión que, siendo injusta en origen, redobla su injusticia al prolongarse. La responsabilidad es ahora del PSOE. Y no solo no se ha intentado reconducir la situación a un clima de diálogo con hechos como la liberación de las presas políticas, sino que se ha intensificado la represión, la confrontación política (con la presencia del rey el pasado 17-A en Barcelona) y la negligencia en el control de las bandas fascistas callejeras cada vez más claramente incitadas, si no organizadas, por C's y organizaciones parapoliciales.
El intento de desestabilizar Cataluña para justificar una intervención armada que acabe con el independentismo (como si eso fuera posible) no es un movimiento espontáneo, desestructurado, que surja ocasionalmente. Es un plan sistemático. Joan Vintró, catedrático de derecho constitucional, lo hace culminar y empezar a funcionar con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 2015 con el fin de convertirlo en una obediente comisaría del gobierno. Sin duda es así en los detalles del plan; en el espíritu, en la intención, nació con el referéndum que quiso convocar M. Rajoy contra el proyecto de Estatuto de 2006 y la desgraciada sentencia del Tribunal Constitucional de 2010.
Pero el plan no sale porque la intervención de las jurisdicciones extranjeras lo ha abortado. Ha hecho imposible el teatro que pretendía montar un parlamento casi unánimemente nacional-español, con ayuda de una judicatura complaciente y unos medios estrictamente controlados para hacer pasar como acción de la justicia independiente un proceso político amañado e injusto.
Ante el rotundo fiasco europeo, vuelve la reclamación del 155 que Palinuro preveía ayer mismo (No sé cómo no han sacado el 155 a relucir). Quienes critican la judicialización (entre ellos Sánchez hace unos meses), animan a abandonarla y emprender una vía política. El problema es que, para la derecha española (en lo tocante a Catalunya todas son derechas) la política es lo que ha sido siempre: represión, palo y tente tieso. La cuestión no tiene arreglo. Judicializaban porque carecían de margen político. El PSOE no lo tiene y el PP, menos. No es que este se equivocara eligiendo la judicialización en lugar de la vía política. Es que no tenía tal vía política. Ni la tiene. Ni los otros partidos españoles.
Insisto en que solo parecen verosímiles dos salidas: estado de excepción (¿qué otra cosa es en el fondo el 155?) o referéndum pactado de autodeterminación. El Estado intentó establecer un estado excepción disfrazándolo de proceso judicial y lo ha destruido todo, la justicia y el Estado. Ahora solo queda el 155, lo que augura mayor conflicto, o el referéndum.
