divendres, 8 de juny del 2018

Repartidos los papeles, comienza la función

Palinuro se suma a la legión de comentaristas del nuevo gobierno.

Desde la perspectiva de género, acierto total. El camino se hace andando. Pronunciada mayoría de mujeres. Hay quien lo encuentra exagerado y un farol. En realidad, es una composición normal porque debiera ser normal, ya que siendo normal la mayoría de mujeres, y no excepcional, volverá a ser normal un gobierno con mayoría de hombres y no el acostumbrado abuso. 

El punto de los ministros y sus peculiaridades ha sido el más comentado. Los nombramientos más cuestionados, al menos en la izquierda, son Borrell, Marlaska, Robles, Delgado, Ribera y Huerta. Un aspecto merece reseña (el resto quede para los cien días) y es el de los jueces en ministerios directamente relacionados con su quehacer profesional: Justicia (Delgado), CNI (Robles), Interor (Marlaska). No tengo claro que esa coincidencia sea beneficiosa. El reciente desastre de Zoido, juez, en Interior, que hizo bueno a Fernández Díaz, es un precedente muy alarmante.

Pero lo bueno son las políticas concretas y las posibilidades reales de llevarlas a cabo en media legislatura y con 85 diputados. Se consolida la idea de los dos frentes y la "geometría variable". Hasta El País, (que, por cierto, está en trance de purificación o cambio de piel) informa de que el gobierno pretende dar unos golpes de efecto, más que nada para frenar a Podemos. Es de suponer se trate de medidas sociales, de consolidación y ampliación de derechos y restitución de las más flagrantes injusticias sociales heredadas del PP. En esto tienen los socialistas pillados a los de Podemos que verán con tristeza cómo se marchitan sus ilusiones de sorpasso, sometido al yugo de la vil socialdemocracia.

Volverán en este caso a ser imprescindibles los votos de los indepes catalanes y esos quizá no sean tan seguros cuenta habida de la coz con que Sánchez ha agradecido los que le dieron para la moción de censura por obligación moral con los nombramientos de Borrell y Marlaska. No conviene olvidar la sabia lección de Maquiavelo cuando avisa al príncipe de que, si actúa honradamente pudiendo no hacerlo, pone en peligro su principado.  Si faltan los votos independentistas, ninguna medida saldrá adelante, por mucho que sea su efecto. La beligerancia extrema del PP está garantizada como se prueba por el hecho de que Hernando, su portavoz, exija ya, con su habitual perentoriedad, un debate sobre el Estado de la nación... a un gobierno que aun no ha echado a andar y habiéndolo omitido su propio partido los tres años anteriores. Supongo que el hombre querrá debatir sobre el Estado de la nación que los suyos han dejado.

En el frente "nacional", según se ve, intención del gobierno de ponerse al habla con el Le Pen catalán antes del verano. Pues corre prisa porque faltan menos de dos semanas. Para ser eficaz, se me ocurre un plan por el que Sánchez podría conjugar sus dos empeños, los golpes de efecto y el diálogo con Catalunya: preséntese en Barcelona a entablar el diálogo habiendo excarcelado a los presos y permitido el retorno de los exiliados. 

Como quiera que algo así es muy improbable está claro que las conversaciones girarán sobre los presos y exiliados políticos y la restauración de las instituciones legítimas de la Generalitat. Y esto dará para mucho. Pero tanto si se llega a algún acuerdo como si no en el horizonte se mantiene siempre la cuestión que ha dado origen al último tramo del procés, con una hoja de ruta que encendió el proceso revolucionario: la de un referéndum pactado de autodeterminación. Como en Escocia o en el Canadá. Eso era lo que debió haberse decidido hace diez años. De no hacerse ahora, Catalunya seguirá siendo ingobernable y, por extensión, España entera.

Porque no es posible gobernar democráticamente un territorio como Catalunya en contra de la voluntad de la mayoría de sus habitantes. Dictatorialmente, quizá, pero no es el caso. La única posibilidad es llegar a un punto de equilibrio, uno en el que coincidan los intereses de ambas partes porque ninguna de ellas puede, de momento, imponerse sobre la otra. El Estado no puede aceptar el derecho de revolución de Catalunya y Catalunya no puede aceptar el derecho de conquista del Estado. 

Eso es algo que, al final, debe decidir la gente votando libremente en un referéndum de autodeterminación de Catalunya.