Esa jaculatoria de "no podemos gastar lo que no tenemos" es la que, entre otras mentiras, empleó al pie de la letra el hombre de los sobresueldos para ganar las elecciones de 2011. Venía acompañada de otra, dicha en tono patriarcal de que "si hay algo que no tocaré serán las pensiones".
Y ya se ve en dónde nos encontramos. El PP de M. Rajoy y los demás partidos parlamentarios pues todos han ignorado la cuestión de las pensiones si bien en distinto grado, se encuentran con un estallido que no esperaban de un sector muy importante electoralmente. Se azoran todos y andan lanzando propuestas y pidiendo la convocatoria del Pacto de Toledo. Mientras tanto, los teóricos fabulan el legado del 15 M, recogido ahora por trémulas manos.
El planteamiento gubernamental del asunto ha sido tan agresivo como el de un asaltacaminos: un día dice M. Rajoy que la gente vaya ahorrando para pagar por la educación (hasta ahora servicio público gratuito) y las pensiones, hasta ahora un derecho de los jubilados. Al día siguiente toma medidas a favor de los planes privados, con los que los bancos quieren enriquecerse más. Al otro se niega a subir las pensiones más que el oprobioso 0,25%, aduciendo que no tenemos dinero para pagar la subida. Lo remata el gobernador del Banco de España, pintando de negro el futuro de las pensiones (de los demás) y mirando con codicia las viviendas en propiedad de los jubilados con las que podrían financiarse su pensión; o sea, que se vayan al otro mundo hipotecadas.
No es de extrañar que la gente estalle y lo haga como lo hace, espontáneamente. A unos jubilados que en muchos casos han de aportar su pensión al sostenimiento de algún parado en el hogar y han de pagar ahora por una asistencia sanitaria antes gratuita se les dice que no hay dinero para mantener sus pensiones (lo de subirlas es un eufemismo): que lo tienen crudo y pueden darse con un canto en los dientes pues aún están bajo techo.
El estallido es lógico. Las pensiones son un derecho de los jubilados por su trabajo a lo largo de sus vidas, no una gracia discrecional del gobierno. Es un derecho y el gobierno tiene que respetarlo, sacando el dinero de donde lo tenga. Porque, si ahora no hay dinero, antes lo hubo: 60.000 millones de euros del fondo, precisamente, de las pensiones. (Por cierto, tan mala no fue la herencia de Zapatero cuando le ha dado al M. para pillar 60.000 millones). Había dinero y dinero, además, de los pensionistas. ¿Qué han hecho con él? Es fácil, regalárselo a la banca (que ahora reparte dividendos de cine), rescatar autopistas quebradas, construir aeropuertos y AVES ruinosos, comprar deuda pública española, o sea, bonos basura y robar el resto a manos llenas.
El saqueo no puede quedar impune. Los jubilados, que mantienen la protesta en la calle, aseguran hacerlo en nombre de sus hijos y nietos. Y de inmediato han comenzado las redes a afear a esos hijos y nietos que hayan de venir sus padres y abuelos a sacarles las castañas del fuego.
Desde luego, si este ejemplo no mueve a la izquierda a echar a un gobierno corrupto que literalmente está destruyendo el país, este tendrá lo que merece.