"El separatismo desafía la ley" clama escandalizado el periódico global dando alegremente por supuesto que todo el mundo comulga con sus voluminosas ruedas de molino.
¿Qué ley? No hay ninguna ley que prohiba la investidura, toma de posesión, etc. por vía telemática. Ninguna. Ni la habrá en una época en que esta vía domina todo tipo de transacciones, comparecencias, declaraciones, etc., informales, formales y hasta litúrgicas. No es posible desafiar lo que no existe.
A no ser que se admita que la ley en España es la voluntad de M. Rajoy, por la misma razón por la que, según el ministro de Justicia del III Reich, Thierack, en Alemania, la Ley era la voluntad del Führer. En España, la palabra de M. Rajoy, cuyo valor él mismo ajustó a la baja al comienzo de su mandato.
Ni Puigdemont, ni el bloque independentista, ni la mesa del Parlament desafían la ley, sino una prohibición verbal de Rajoy que carece de base legal. Puede el presidente -y lo hará- recurrir al Tribunal Constitucional para que prohíba, suspenda, aplace o haga lo que quiera con la investidura. Eso no cambiará políticamente nada, salvo para dar nuevos motivos al activismo persecutorio del Supremo a seguir abriendo piezas judiciales, algunas secretas, para mayor seguridad del Reino. Sin duda se han respetado los más estrictos criterios procedimentales. pero eso de anunciar el secreto no pertenece tanto al campo jurídico como al literario; casi al dadaísta.
Supongo que todo eso está respondido, pero la chamusquina a procesos secretos inquisitoriales es cada vez mayor. Eso y la comprobación de que, para el B155, la ley en España es la voluntad de M. Rajoy que, por cierto, es el único que, en verdad, esta fuera de la ley por un abuso de poder equivalente a un golpe de Estado.
