Las declaraciones de Sáenz de Santamaría dan la pauta de la situación actual de España como Estado de derecho, basado en la división de poderes. Todo el mundo ha puesto el grito en el cielo y JxC piensa acudir a la Fiscalía con una acusación de prevaricación. Claro testimonio de general indignación. General e inútil porque, aun jactándose de la autoría del encarcelamiento, el gobierno dirá que la decisión la han tomado los jueces. De haber prevaricación será suya.
La vicepresidenta atribuye el "descabezamiento" del independentismo directamente al presidente del gobierno y dice verdad. Es una de las consecuencias del 155: se procede con el independentismo como con las asociaciones criminales, esto es, "descabezándolas". De lado queda la ironía, hasta el sarcasmo, de quien procede a "descabezar" una asociación criminal siendo ella misma considerada una asociación de delincuentes por los jueces.
La indignación por el evidente atropello de puntos básicos del Estado de derecho como la división de poderes y la independencia del judicial no lleva muy lejos. El gobierno habla de Estado de derecho pero practica lo contrario mediante una ley de plenos poderes a sí mismo. No se le está descubriendo nada nuevo. Lo llama Estado de derecho pero es la tiranía de un partido en "unión sagrada" con los otros dos nacional-españoles que lo apoyan parlamentariamente.
Interesa observar que lo preocupante de esas declaraciones no es cuánto revelan de lo que ya sabíamos sino las intenciones que anuncian. Al jactarse del "descabezamiento" en sede política y electoral, la vicepresidenta está pidiendo el voto para seguir descabezando gente. Es la idea de "escarmiento" de la población que formula el señor García Albiol.
Lo que hace la vicepresidenta no es confesar un atropello sino amenazar con otros.
