Acaba de arrancar la campaña electoral del 21D en condiciones de excepcionalidad. Las propias elecciones, impuestas de modo ilegítimo e ilegal por un gobierno corrupto, sin más autoridad que la que le da el uso de la fuerza, son excepcionales. Todo aquí es excepcional. Cataluña entera está intervenida, ocupada y sometida a la arbitrariedad del artículo 155, con el que el bloque nacional español (PP, PSOE y C's a los que se suma hipócritamente Podemos) pretende impedir, extirpar, la revolución catalana en marcha. Unos, las derechas, lo hacen por convicción reaccionaria tradicional; los otros, las sedicentes izquierdas del PSOE y Podemos, porque no pueden tolerar una revolución democrática y republicana en Cataluña ya que esta pone de relieve su carencia de proyecto político propio no solo para Cataluña sino para España. Y, si ellos no son capaces defender sus teóricos objetivos, los saca de quicio que los catalanes lo hagan por su cuenta.
Aparte del juego sucio que el Estado lleva años practicando en contra de Cataluña, la excepcionalidad de estas elecciones se ve en la desigualdad de las condiciones de participación. Todos los candidatos de las formaciones unionistas tendrán libertad de expresión y movimiento; los independentistas de JxC y ERC, no, ya que algunos de sus candidatos están en el exilio o en la cárcel, privados de sus derechos en cuanto presos y exiliados políticos. Son unas elecciones con handicap para una de las partes y sin que las otras -excepción hecha de la CUP- pongan de manifiesto esta desigualdad, este juego sucio, este abuso, pensando que sacarán ventaja de ello porque son (PSC, C's y PP) ventajistas de la derecha.
Pero estas elecciones no dependen tan solo de la actividad de los partidos políticos (y de los poderes del Estado y medios de comunicación unionistas), sino, sobre todo, de la movilización de la gente en Cataluña en defensa de sus dirigentes a instituciones. Los represores del 155 pensaban que encarcelar a los dirigentes indepes no tendría coste más allá de una semana de movilizaciones. Llevamos un mes y las movilizaciones de todo tipo en favor de los presos no solo no se han apagado, sino que han aumentado. Era evidente, salvo para los franquistas del gobierno y sus secuaces, que la represión sería acicate de la acción revolucionaria. Y así ha sido.
Presionado por el gobierno y las circunstancias, el Tribunal Supremo no ha tenido más remedio que hacer un gesto, liberando a seis de los encarcelados y manteniendo otros cuatro en prisión. Un síntoma de debilidad y mala conciencia porque ahora está claro que, además de presos políticos, los consellers son rehenes del Estado español. El abismo inquisitorial en que se hunde la justicia queda de manifiesto leyendo sus razonamientos "jurídicos", según los cuales, los presos no han acatado de modo convincente la Constitución y el 155. Se les mantiene, pues, la condena por sus convicciones.
Acatar la Constitución puede ser un requisito para ocupar un cargo público (y aun así), pero no para ejercer los derechos de ciudadanía, libertad de expresión y de circulación. Nuestros derechos civiles y políticos no pueden depender de que se acate la Constitución y mucho menos de que se haga de "modo convincente" a juicio de un inquisidor cualquiera. Ni la propia Constitución lo exige. Esos hombres están presos por sus ideas.
Y esa barbaridad es la que apoyan el PSOE, que lleva su servilismo a denunciar los símbolos del lazo amarillo, y Podemos que recurre el 155 ante el Tribunal Constitucional pero se declara equidistante entre carceleros y encarcelados.
La última moda en golpes bajos dialécticos se da con la afirmación de que el independentismo catalán ha despertado el fascismo español. La mala baba de semejante razonamiento tiene tres puntos muy esclarecedores:
1º) si no hubiera independentismo, el fascismo español continuaría "dormido" y el PSOE y Podemos podrían obtener algunos réditos para seguir tirando en mitad de esta podredumbre del Estado fallido de la III Restauración y repartiéndose prebendas, siendo cooptados en un Estado que es, de hecho, una dictadura que ellos aceptan.
2º) de lo anterior se sigue que, según estos estrategas de la izquierda domesticada y la supuestamente indómita, lo mejor es que se acabe el independentismo. Y con el independentismo, la revolución democrática catalana y, sobre todo, la opción republicana que deja bien claro cómo los partidos españoles, en realidad, son monárquicos.
3º) contra toda evidencia, se distingue entre fascismo y gobierno. Es claro que los ministros, los jueces, los curas y los tertulianos a sueldo no van con esvásticas tatuadas ni cadenas ni puños americanos. Por supuesto. Esos los llevan los que obedecen sus órdenes o mandatos. El fascismo bestial invade las calles y se siente amparado por los discursos de todos los poderes del Estado, todos situados en la extrema derecha, desde el monarca hasta los periodistas apesebrados, pasando por los ministros, los políticos o los jueces a su servicio.
En efecto, las elecciones, en sus condiciones de excepcionalidad, son un hito en la revolución catalana en marcha que ha puesto de relieve a los ojos del mundo el fascismo estructural de la monarquía española.
Y se verá el 21D por muchos sondeos con que el frente demoscópico del 155 bombardee a la opinión pública, tratando de orientar el voto de los catalanes a la sumisión y la indignidad.
Donec Perficiam.
