Rajoy considera el art. 155 muy democrático, básicamente porque le permite hacer lo que le da la gana que, para él, es lo más democrático. Se permite el lujo de aleccionar a Puigdemont desde su autoinvestidura de guardián del Estado de derecho y la ley, afirmando que es ridículo contraponer ley y democracia pues, en su opinión, son sinónimos, como si las dictaduras no tuvieran leyes. La suya, por ejemplo, esta llena de ellas y se aplican según le parece a él.
A muchos otros, el 155 nos parece antidemocrático porque es una norma de excepción que, de hecho, suspende la Constitución y, por tanto, la vigencia de la ley que se dice querer proteger. Es la fórmula misma de la dictadura desde los tiempos de los romanos: gobierno de excepción en tanto se restaura la legalidad alterada. Sobre la primera parte, la coincidencia es absoluta: gobierno de excepción y no democrático. Sobre la segunda la discrepancia es radical porque hay un cuestionamiento de la legalidad, de la ley. Y por mucho que el señor de los sobresueldos la invoque como dogma inamovible, la ley puede ser injusta. Hay leyes injustas a porrillo. Las ha habido, las hay y las habrá. Ir contra la ley injusta no es ir contra la democracia. Al contrario, la democracia se defiende luchando contra las leyes injustas.
Aclarada la mota negra de principios, vienen las objeciones de intendencia, sobre todo de parte de la izquierda. Cierto, puede haber leyes injustas pero la forma de cambiarlas no es quebrantarlas, sino reformarlas. Una minoría nacional, siendo estructural, nunca podrá reformar las leyes de la mayoría en un sentido que le sea favorable si la mayoría se opone. Es la dictadura de la mayoría. Formalmente democrática. Materialmente, no.
Añádase otra consideración. El 155 es una norma de plenos poderes, prácticamente ilimitados, ya que se invoca el superior interés de la nación en peligro porque una parte no se reconoce miembro de ella y quiere separarse. Es una pendiente sin fondo que lleva a una situación de dictadura de hecho en la que todos los poderes públicos están sometidos a la voluntad del gobernante y aplican sus políticas. La posible imputación de Marta Rovira por el Tribunal Supremo evidencia que está jugando el derecho penal del enemigo a tumba abierta y con claros fines de hostigamiento e intimidación por razones ideológicas. Si la DI es un delito, bien puede encausarse a los cómplices, encubridores y hasta simpatizantes. Es lo que tienen los delitos de opinión. En una posibilidad no muy disparatada podría pensarse en una causa general al independentismo que permitiría procesar a los tres millones de votantes del 1/10. Más o menos, lo que hizo Franco.
En esa política de hostigamiento, que sigue típicos parámetros franquistas, el gobierno se vale de la Junta Electoral para intervenir y censurar TV3. La prohibición de que este canal público llame "presidente en el exilio" al presidente en el exilio y "consellers en prisión" a los consellers en prisión retrotrae el país a la época de la censura de prensa a cargo del ministro de Información y Turismo, por aquel entonces, Fraga Iribarne, defensor de la democracia "orgánica". Se trata de controlar los medios de comunicación como sea.
Que esto es puro franquismo se echa de ver en el cumplimiento del fenómeno que los psicólogos llaman proyección, y desconcierta a mucha gente. La derecha proyecta en los demás sus propias trapacerías, sus propios desaguisados y hasta delitos. Ahí estaba Albiol en la tele el otro día, diciendo barbaridades sobre TV3 y acusándola de ser lo que hace años es TVE.
Lo curioso de esta situación de acoso y hostigamiento al independentismo (que solo consigue ampliarlo y fortalecerlo) es el silencio de la izquierda. De la una, de la otra y de la mediopensionista. Compiten en unas elecciones en las que no hay juego limpio con una de las opciones a la que se hostiga hasta el punto de que sus candidatos están en la cárcel o en el exilio y no tiene nada que decir. Es el PSC el que ha presentado la denuncia para que la Junta Electoral prohíba los lazos amarillos por los presos políticos.
Cuando se decide reavivar el concepto de guerra total al adversario porque lo que se busca es su exterminio no hay más límite que la propia conveniencia del atacante. De censurar la expresión en TV3 a substituirla por un canal adicto al 155, que es lo democrático, no hay más que un paso. De prohibir las "manifestaciones partidistas" de los interventores, apoderados y agentes de cambio y bolsa a prohibir los partidos mismos solo hay otro.
Las elecciones deben tener todas las garantías y el evidente sesgo de la Junta Electoral contra una de las partes hacen temer lo peor en cuanto al desarrollo de la campaña y, por supuesto, el escrutinio. Ahí es donde está claro que, dadas las circunstancias, con un 155 a plena marcha, la única garantía aceptable es la presencia de observadores extranjeros.
Realmente quien no vea que esta es una crisis de régimen muy grave es un irresponsable. Lo malo es que la irresponsabilidad está arraigada en la clase política española.
