En España coexisten dos dinámicas políticas distintas con trayectorias independientes que, sin embargo, se interrelacionan, generalmente de modo hostil. De un lado, en el Estado, un gobierno en minoría, sumido en una corrupción estructural sin precedentes, que ha arruinado el país con una política agresiva hacia las clases populares y medias, grandes perjudicadas por una crisis que se ha gestionado en beneficio de los ricos, las empresas y los bancos. De otro, en Cataluña, un gobierno de la Generalitat comprometido con una hoja de ruta hacia la independencia mediando un referéndum que el del Estado y la oposición socialista y de C's tratan de impedir por considerarlo ilegal. Son dos realidades coetáneas que requieren tratamientos muy distintos.
La reciente elección de Sánchez permitió abrigar la esperanza de que se estableciera algún tipo de entendimiento y negociación entre ambos campos para evitar una confrontación. Pero la esperanza se desvanece por momentos. En su primera conversación a raíz de las primarias, Sánchez comunicó a Rajoy la coincidencia del PSOE con el PP en el rechazo al referéndum por ilegal. El PSOE se alinea con la política de confrontación del PP.
En ese espíritu se producirá la entrevista de hoy del Secretario General del PSOE con el Rey (entrevista que consolida el carácter dinástico del PSOE y elimina la perspectiva republicana) y la que mantendrá el próximo jueves en La Moncloa con Rajoy, el principal responsable de este desastre en el que no quiere quedarse nadie pues empuja a los jóvenes a la emigración y a los catalanes a la independencia.
Sánchez ha pasado de anunciar que pediría la dimisión de Rajoy en cuanto asumiera el cargo a apoyarlo en su faceta más belicosa y a coordinar su acción con él. En teoría, nada extraño. Algo dentro de las normas de cortesía de los países democráticos, aunque Rajoy solo tenga una noción aproximada de ellas, especialmente frente a Pedro Sánchez, a quien desaira siempre que puede.
Esa actividad en la política española contrasta con su ausencia en la específicamente catalana. Ni un gesto que apunte en la dirección del entendimiento y la busca de soluciones democráticas. Respaldo total al tosco, falaz y fariseo argumento del gobierno frente al referéndum de equiparar democracia y legalidad (lo cual es básicamente correcto) y emplear luego la legalidad como el requisito de toda acción política. El problema es que la legalidad en sí misma es una decisión política. La ley se aprueba o se deroga en el Parlamento, que es un órgano político que está para eso. El PP precisamente ha debido de batir la marca de leyes derogadas, modificadas o promulgadas. Que el referéndum sea legal o ilegal depende de una decisión política. En este caso la decisión política previa de que no haya referéndum en Cataluña. Caso de haberlo, se aplicará la ley en la modalidad represiva que el gobierno, este gobierno, considere proporcional.
La cuestión de con qué autoridad actúa el gobierno frente al independentismo catalán no se plantea. No la plantea ni el PSOE cuando lo apoya incondicionalmente. Pero que no se plantee no la hace evaporarse. Es una cuestión objetiva. ¿Con qué autoridad invocan el gobierno y el PSOE la legalidad siendo así que el primero se la ha saltado o la ha modificado a su antojo gracias a su pasada mayoría absoluta? Realmente, su posición es muy débil.
En cambio, tienen enfrente una iniciativa política clara, bien articulada y con un amplísimo apoyo social y movilización permanente transversal. Algo con lo que no habían contado y frente a lo que carecen de respuesta que no sea la represión. En este momento, el factor decisivo es la voluntad política de la Generalitat de realizar el referéndum y actuar en consecuencia. Y parece no ofrecer dudas. La Generalitat no se pliega. El hosco camino de la represión está lleno de imponderables y, por supuesto, podemos encontrarnos todo tipo de situaciones, incluida la inhabilitación del presidente Puigdemont y hasta su encarcelamiento si, como es muy probable, no acata la inhabilitación.
La pregunta es si el PSOE está dispuesto a ser causante de ese escenario en el que se multiplicarán las presiones de la comunidad internacional. Y teniendo en cuenta que, aunque se consiga restablecer ahora la legalidad represiva, ello solo apunta a un futuro de permanente ingobernabilidad mientras no haya una solución satisfactoria para las dos realidades, correspondientes en verdad a dos países.
