Según parece la primera propuesta de Carles Puigdemont de celebrar una sesión de debate en el Congreso sobre el referéndum ha quedado reducida a una moción presentada ayer por el PDeCat de que la Cámara admita la consulta. La vicepresidenta Sáenz de Santamaría ya había advertido que el Parlamento no es lugar de conferencias y que, si Puigdemont presentaba la propuesta referendaria, la Cámara votaría. Votaría que no, innecesario recordarlo. El presidente de la Generalitat renunció a su comparecencia.
De una u otra forma, las dos cámaras parlamentarias españolas se han negado a escuchar las razones y propósitos del independentismo catalán. Hoy, además, el Congreso votará "no" por apabullante mayoría de más del 72 por ciento, aduciendo que el referéndum no busca diálogo sino fractura.
Para diálogo, el que ha ofrecido el gobierno del PP en estos años: ninguno. Rajoy se ha visto varias veces con Mas primero y Puigdemont después, siempre para decir que "no" a todo. Finalmente abrió un periodo llamado pomposamente de "diálogo", para lo cual, envió a la vicepresidenta a Barcelona como plenipotenciaria para gestionar eso, un "diálogo". La gestión duró un par de meses y terminó con una sentencia de Sáenz de Santamaría de alto contenido teórico y doctrinal: no se puede estar tantos años con la matraca independentista. Basta de este rollo. El independentismo es una matraca y un rollo. Toma diálogo.
En cuanto a la fractura conviene recordar lo que es ya saber popular. Cada vez que hablan Rajoy o Sáenz de Santamaría sobre Cataluña hay mil independentistas más. Y no hablemos de un obstinado separador como García Margallo. Con él caen diez mil, como la Anábasis.
El "no" del Parlamento afronta el escenario del "choque de trenes", esto es, una escalada del conflicto. Sin que nadie sepa qué dimensiones vaya este a tomar. El Estado, en principio, puede impedir la celebración del referéndum, pero tendrá que calibrar a qué coste y este es muy dificil de determinar porque a su vez depende de un imponderable: la voluntad política de la Generalitat de cumplir su mandato y el apoyo popular con que cuente en caso de represión. En los conflictos, al igual que en las guerras, se sabe cómo se entra, pero no cómo se sale.
Y, en cualquier caso, impedir la celebración del referéndum abrirá un periodo indeterminado de ingobernabilidad en Cataluña y en España. Probablemente como lo haría su celebración. Pero en este caso el culpable no sería el sector negacionista.
Lo que chirría en la posición del Parlamento es el cierre de filas del PSOE con la derecha. El discurso del interés de Estado (tan caro a la derecha socialista) no obliga a que ese Estado haya de ser el de la oligarquía nacionalcatólica y ahora neoliberal. Los socialistas están obligados a dar carta de naturaleza a la cuestión catalana y hacer propuestas distintas de la derecha, consistente en mantener el estatu quo del agravio comparativo de Cataluña hasta el fin de los tiempos.
El PSOE trae en la mochila la famosa reforma federal de la Constitución. Probablemente es tarde, suena inverosímil y casi como un pretexto. Y lo es. Agárrese pues a él para marcar distancias con las medidas represivas del PP. El PSOE no puede aparecer como cómplice de unas soluciones autoritarias a problemas en cuya génesis no participó; al menos, no directamente. Por lo demás, la propuesta federal es irremediablemente extemporánea, dado que requiere un prolongado trámite de reforma, siendo así que en tres meses es obligado afrontar una situación de grave conflicto.
En verdad no se entiende por qué el PSOE no apoya la realización de un referéndum pactado, como hace Podemos. Teniendo además en cuenta que frustrar el deseo del 80 por ciento de la población catalana solo aumentará el respaldo al independentismo.
