Según van las cosas en las relaciones entre el gobierno del Estado y la Generalitat es extraño que nadie haya sacado ya a relucir el famoso juego "del gallina", en el que pierde el primero que se aparta para evitar el choque entre dos vehículos en la misma dirección y sentido contrario. Es un ejercicio de acción/reacción en el que está ausente cualquier intento de entendimiento del Estado, por más que el gobierno lance llamadas al diálogo.
Ayer, dos secretarias judiciales del TSJC se personaron en el Parlament a notificar un apercibiemiento del órgano judicial a los miembros de la mesa que votaron en el sentido que lo hizo la previamente encausada Carme Forcadell, y hasta a uno que se abstuvo.
Hay algo simbólico en esto. Un tribunal irrumpiendo en un parlamento a instancias de la abogacía del Estado a las órdenes del gobierno deja tambaleándose la doctrina de la división de poderes. Además de probar que la oferta de diálogo no significa que el gobierno vaya a cejar en su tendencia a tratar por lo judicial y penal un problema político. El argumento es que solo pude haber diálogo dentro de la legalidad y el dialogante gobierno es, al mismo tiempo, el responsable de que aquella se cumpla.
En esas condiciones de incremento de la presión represiva del Estado, es fácil vaticinar que en respuesta del juego del gallina, aumenten en influencia dentro del bloque independentista los partidarios de acortar los plazos e ir a la unilateralidad antes de lo previsto. El argumento es que más vale hacerlo ahora que esperar a unas condiciones más crispadas y precarias.
No hay otra salida que el referéndum pactado. La imagen de un país de la EU en el que se encarcela a los representantes populares por dar cumplimiento al mandato de sus electores, simplemente, no es concebible.