Tenía que pasar. La falta de previsión y de intervención adelantada para evitar colapsos ha llevado a la adopción precipitada de medidas drásticas que van a causar un montón de quebraderos de cabeza. Sabiendo que esto iba a pasar han transcurrido plácidos los años sin que se adoptaran medidas de infraestructura en materia de cercanías, conexiones, redes de transportes, estacionamientos en el extrarradio, etc. Si alguna vez alguien se acordaba de los índices de contaminación era para que la alcaldesa Botella, de infausta memoria, hiciera cambiar de lugar los aparatos de medición. En cambio, el Gobierno y la Comunidad permitían construir autopistas radiales que no han llevado a parte alguna salvo a la ruina.
Por supuesto, el Ayuntamiento hace bien en tomar medidas contundentes. Pero eso no le exime de estar atento a sus efectos, de paliar las consecuencias injustas que van a darse, de remediar los abusos que también van a producirse. Y mucho menos le exime de elaborar un plan de sostenibilidad viaria de la capital que no consista en cargar todo el peso de la culpa y el remedio al último eslabón de la cadena, el conductor privado para el que el coche es un instrumento vital para llegar a su lugar de trabajo. La inmensa mayoría de la gente no va en coche para fastidiar, sino para trabajar. Pero, al mismo tiempo, no tiene la ventaja de pertenecer a alguna de esas colectividades que, por una u otra razón, gozan de privilegios como los taxistas, los repartidores de comercios, los propios comercios, etc.
El modesto conductor privado que paga sus impuestos pero está excluido de algunos servicios por muy poderosas razones; al que todo del mundo demoniza como culpable por placer maligno de hacer el ambiente irrespirable; y al que se arrincona y priva de plazas de estacionamiento; al que se fuerza a dejar el coche, ofreciéndole luego unos servicios paupérrimos. El mismo al que se bombardea después con publicidad de todos los colores sobre la delicia de conducir un nuevo modelo que traga millas por paisajes de ensueño. Algo necesario para mantener una industria, la automovilística, cuya aportación al PIB es muy alta y sin la cual el país no sobreviviría.
Son tres extremos: sostenbilidad viaria urbana, derechos de todos los usuarios y estabilidad de una industria esencial. Conjugarlos sabiamente es el deber del gobierno municipal en estrecha colaboración con el autonómico y con el del país, ya que el plan toca asuntos que exceden las competencias del primero.
