Hace un par de días, Miguel Ángel Aguilar informaba en Ahora de que el ministerio del Interior había hecho una de las suyas. Había pagado millón y medio de pavos de los dineros del contribuyente en septiembre de 2014 a un supuesto confidente a cambio de documentación sobre unas hipotéticas cuentas en Suiza de Xavier Trias, a la sazón alcalde convergente de Barcelona. Aguilar, un veterano periodista de probada profesionalidad, daba cuenta con fina e irónica prosa de la rocambolesca operación: un maletín con la pasta, un avión de la policía, una operación de alto secreto, un 007 de la Gran nación con la que se podría montar un escándalo a Trias, que hundiría su candidatura en las elecciones municipales de mayo de 2015. Una hábil operación de guerra sucia. Solo que los papeles entregados a cambio de la pastuqui resultaron ser falsos. Como los billetes de lotería del conocido timo del tocomocho. Más que un 007, un golpe de la T.I.A., la agencia de Mortadelo y Filemón, propio de la marca España.
No obstante su falsedad, la información se filtró a la prensa amiga y esta la utilizó para dinamitar la campaña electoral de Trias. Los demás candidatos se valieron de ella para atacar a su rival. Especialmente la candidatura de la señora Colau, la actual alcaldesa. CiU sufrió un descenso importante, con cuatro concejales y seis puntos porcentuales del voto menos. Trias no pudo repetir mandato. Perdió.
Nadie, que yo sepa, ha desmentido la información de Aguilar. Ni nadie se ha hecho eco de ella. Como si la crónica, a fuerza de esperpéntica, fuera un relato narrado en un limbo de García Márquez con unas gotas de Borges. Una información que en cualquier país del mundo produciría una crisis gubernamental, lost in translation.
A día de hoy, contamos con una querella de Trias contra El Mundo por la información publicada. No consta que nadie más haya hecho declaración alguna, que alguien haya pedido disculpas, cuando menos, por haberse valido de medios vituperables. Y menos que nadie, la señora Colau. Un silencio todavía más reprobable que el hecho de incurrir en guerra sucia y golpes bajos, aunque sea sin conocimiento pleno de los datos. Vieja política. Viejísima.
Pero aun produce mayor perplejidad que ninguna fuerza política de la oposición se haya manifestado al respecto. Que no haya una iniciativa para que Fernández Díaz dé cuenta en sede parlamentaria de esta enésima tropelía de un ministro del Interior, no del Estado, sino del PP. Ya sé que el gobierno está en rebeldía frente al Parlamento, según caprichosa doctrina que el Tribunal Constitucional tiene previsto revisar en las calendas griegas. Pero por pedir, que no quede. Así, al menos, la gente (ese nuevo sujeto colectivo imaginado por Podemos para no hablar del pueblo) se entera. También es cierto que, al haberse pedido comparecencia del ministro por sus conversaciones grabadas con su hombre en Barcelona, seguramente se acumulará este otro motivo. Por supuesto, el ministro no comparecerá, así que donde no explicará las conversaciones, tampoco explicará los millones.
Sin embargo, la oposición debiera mostrar mayor energía si quiere que se la tome en serio. El gobierno se ha declarado unilateralmente en rebeldía, pero el Parlamento conserva la facultad de deponerlo mediante una moción constructiva de censura. Una opción que nadie parece contemplar, entretenidos como están los líderes en dialogar e insultarse de mitin a mitin. Supongo que los autores de la doctrina de la irresponsabilidad sobrevenida del gobierno aducirán que el Parlamento no puede censurar uno en funciones. El sentido común, sin embargo, dice que el gobierno puede ser censurado siempre y, en especial, cuando está en funciones. Caso de prosperar esta moción de censura, habría una crisis institucional paralela a la territorial que ya existe.
Si los partidos de la oposición, que suman 176 votos (PSOE, Podemos, Indepes catalanes y PNV), mayoría absoluta, no son capaces de arbitrar la fórmula de la censura, merecerán que les pase lo que les pase. Por ejemplo, que traguen con un gobierno cuyo ministro del interior parece haber perdido 1,5 millones de euros de los dineros de todos en un timo que es un posible delito y aun lo sería más de no haber sido falsos los papeles.
Iríamos entonces a las terceras elecciones. Pero Palinuro plantea que es imposible creer en la neutralidad y buen hacer de un ministro investigado bajo sospecha de imputar delitos falsamente a adversarios políticos y ahora de pagar por cometerlos él mismo. En román paladino: ninguna confianza en la gestión de las elecciones que haga ese ministro del Interior, a quien el principio de legalidad de la administración debe de sonar a chino. Nos jugamos mucho. Quienes han ganado al parecer elecciones ilegalmente financiadas no tendrán mayores escrúpulos en amañar los resultados. Por eso no es exagerado pedir observadores extranjeros. Lamentablemente, las cosas están así.
