El proceso catalán avanza, incontenible. Según el barómetro del CEO, el porcentaje de independentistas supera al de no independentistas. No me entretendré en hablar del CEO, de la oportunidad del barómetro, del significado de los datos, de si votos, de si escaños. De todo ello se hablará en los próximos días y con más conocimiento de causa que Palinuro. Este se limita a subrayar el hecho escueto: hay más independentistas que no independentistas.
Hace diez años era al revés; muy al revés. El independentismo se ha acelerado, generalizado, consolidado, convertido en prioridad nacional para un sector de la población que ha pasado a ser mayoría en el último decenio y especialmente, durante el prolongado desencuentro del mandato de Rajoy. Y mayoría no precisamente silenciosa, sino muy vocal y organizada. Puigdemont asegura que la hoja de ruta a la independencia mantendrá sus tiempos en los dieciocho meses. En los doce que quedan más o menos aguardan instantes difíciles, de tensión, probablemente confrontación de varias clases: los avatares procesales de Homs, el acatamiento parlamentario de las decisiones del Tribunal Constitucional, la cuestión de confianza, la adopción de una táctica unilateral entre un referéndum o una declaración unilaterales. Todos estos momentos pueden dar un resultado que incida sobre la marcha del proceso. Que este va adelante no lo duda nadie en Cataluña.
En el gobierno central, la situación es muy distinta. El nacionalismo español no entiende los planteamientos de la vía catalana a la independencia bajo la forma de una República. No los entiende ni quiere entenderlos. La actitud es la de que los catalanes hagan lo que quieran que luego llegará un deus ex machina que resolverá el enredo. Pero nadie sabe qué dios será el que salga de la machina. Y el gobierno carece de un plan pensado para un independentismo ya muy avanzado. Como tampoco lo tiene la oposición. Nadie tiene nada previsto porque, además, tampoco hay gobierno ni oposición dignos de tales nombres.
A la vista de los hechos, la opción más verosímil es la de terceras elecciones. Pero hay un compromiso público de evitarlas a toda costa. De acuerdo con ese ánimo general, tres de los partidos españoles, PP, Podemos y C's coinciden en exigir al PSOE que facilite la investidura de Rajoy. Si eso se diera, todos sus partidarios ganarían: el PP gobernaría, Podemos sería la "verdadera" oposición y reduciría el PSOE a la nada, C's aparecería como un feliz facilitador.
Pero uno perdería: el PSOE. Los socialistas no pueden favorecer en modo alguno la continuación de un gobierno carcomido por la corrupción, por debajo de toda sospecha y causante de la situación de empobrecimiento masivo de la sociedad, con unas cifras macroeconómicas desastrosas. Sobre todo porque pide la continuidad sin ofrecer cambio alguno; al contrario, postula como candidato al principal responsable del desbarajuste.
Si el PSOE favorece mediante su abstención o de algún otro modo una continuidad del actual gobierno de la derecha estará contribuyendo al deterioro de la política democrática española. Y también abriendo el camino a su extinción que quizá sea lo que pretendan esas voces de la parte más conservadora del establishment político-mediático socialista.
No es no.
