Este gobierno no debe durar ni un día más. La organización de presuntos malhechores que lo sostiene no solamente carece de plan o proyecto para el país sino que su horizonte es puramente penal. En la medida en que no están ya procesados, sus miembros más destacados saben que pueden estarlo en breve. El hecho de que el gobierno esté en funciones no quiere decir nada porque aun en funciones, esta banda de supuestos chorizos se las ingeniará para seguir robando.
Mariano Rajoy, el de los sobresueldos, se aferra a la poltrona como la garrapata al pescuezo del can. Realmente, su función es la de un okupa contumaz. No quiere salir de La Moncloa ni a tiros. Pero tampoco trata de legitimar su continuidad porque, con su política de no hacer nada, no escuchar, no atender a razones, no dar ruedas de prensa, no rendir cuentas, no responder a las preguntas, cada vez se configura más como un gobierno golpista. Cualquier parecido entre este gobierno de corruptos y otro normal en un país de nuestro entorno es pura coincidencia.
A través de la ratita hacendosa que tiene en la vicepresidencia, Mariano "Sobresueldos" pretende innovar el derecho público europeo y la acrisolada Teoría del Estado, a base de sostener la falacia de que, siendo el Parlamento nuevo, el gobierno no está sometido a control del legislativo, sino solo al de los tribunales. Es la habitual mezcla de leguleyería y estupidez que caracteriza a estos gobernantes. Ningún gobierno de ningún sistema parlamentario puede estar jamás al margen del control parlamentario salvo quizá algún caso de estado de alarma, excepción o sitio y aun así es problemático. En cuanto al control jurisdiccional también es obvio: todas las instituciones públicas están de suyo sometidas al control de legalidad de los tribunales. No hace falta decirlo.
Hace falta, en cambio, averiguar qué trama el gobierno que, como todos los gobiernos, tiene tendencia a abusar de sus poderes, especialmente si, como es el caso, los tiene tasados y reducidos a asuntos de trámite. Precisamente por eso, el interés de la ciudadanía es que rinda cuenta detallada de todos sus actos. Para impedir sus demasías.
Rajoy, cuyo carácter arbitrario y despótico ha quedado de manifiesto en esta legislatura, tiene muy mal perder y supedita los intereses colectivos a sus resentimientos y malos humores. Parece que ahora se ha enfadado con el Rey seguramente porque este no lo ha vuelto a proponer como candidato. De tal modo, solo despacha con Felipe VI por teléfono y, dentro de poco, se referirá al Monarca como "esa persona de la que usted me habla".
Que Rajoy se lleve bien o mal con el Rey no es asunto de gran interés, pero que sepa actuar en relación con otras instituciones del Estado es obligatorio. Ya sabemos que tiene a Puigdemont sentado en la boca del estómago, pero eso no le exime de llamarlo por teléfono para interesarse por el accidente del autobús que ha traído a España al primer ministro italiano, Renzi. Y héteme aquí que el gobierno no sale a recibir al italiano, pretextando que es una visita privada, pero presiona a Puigdemont para que tampoco la Generalitat reciba al mandatario italiano.
Es urgente terminar con la pesadilla de este gobierno. Es prioridad absoluta. Así parecen reconocerlo Sánchez e Iglesias. Lo reconocen, pero no hacen nada. Han quedado para hablar el próximo 30 de marzo. No hoy mismo, que estarán celebrando el jueves santo. Van a dejar pasar la llamada Semana Santa seguramente haciendo las estaciones.
Y, mientras tanto, la gente a merced de estos desalmados que, viéndose ya perdidos, ultiman sus fechorías, borran los discos duros, ocultan pruebas. A saber lo que estarán haciendo en los ministerios y la presidencia del gobierno. Cuando Aznar se marchó, no dejó ni una brizna de información. Estos seguirán su ejemplo y, a juzgar por cómo responden a las peticiones de los tribunales, todavía dejarán menos. Y no solamente eso: todos a merced de las tropelías que esta manga de franquistas ha perpetrado en cuatro años; a merced de la infame Ley Mordaza, a merced de la LOMCE, a merced de su reforma laboral para hundir los salarios y explotar más a los trabajadores, a merced de su arbitrariedad, su corrupción y su agresividad.
Realmente, si el Parlamento no quiere verse ninguneado y escarnecido por un gobierno que se niega a dar cuenta de sus actos, deberá actuar con decisión. Ese recurso al Tribunal Constitucional firmado por todos los grupos parlamentarios planteando un conflicto de competencias, parece ser eso. Pero solo lo parece. Al plantear un conflicto de competencias, el Parlamento se pone a la escasa altura del gobierno e, implícitamente, a su nivel. De órgano del Estado a órgano del Estado, si hay un conflicto de competencias, se recurre al Tribunal Constitucional. Correcto. Pero apocado, timorato, acobardado, burocrático. El Parlamento no es un órgano del Estado al nivel del gobierno; es el órgano supremo de poder del Estado, en cuanto depositario de la soberanía popular. El gobierno es una especie de comisión del Parlamento, un delegado suyo y no puede plantear conflicto de competencias porque su obligación es acatar las órdenes del Parlamento.
Plantear un conflicto de competencias es aplazar la cuestión sine die y permitir que el gobierno siga haciendo de las suyas. Si el Parlamento quiere realmente resolver este problema de forma tajante y rápida, que presente una moción de censura. Al ser votada por toda la cámara excepto los diputados del PP, el gobierno saltaría en cinco días y, en su lugar habría otro que, probablemente presidido por Pedro Sánchez, a continuación tendría que buscar estabilidad con una política de pactos so pena de verse obligado a convocar elecciones.
Hay quienes dicen que, en la situación actual, el Parlamento no puede presentar una moción de censura. Olvidan que el que está en funciones es el gobierno y no el Parlamento. Este está legal y perfectamente constituido en pleno uso de sus atribuciones, una de las cuales, es presentar una moción de censura al gobierno, sin distinción de si está en funciones o en defunciones.
El problema es que, si este gobierno carece de escrúpulos, la oposición carece de valor.
