A su vez, las personas públicas civiles, políticos, comunicadores, periodistas, publicistas, son extraordinariamente parcas en su discurso sobre la Iglesia. Reina el silencio de la prudencia, por no decir miedo. Unos no hablan porque no se atreven a suscitar la reacción eclesial y otros, porque no les hace falta. No hablan de su fe sino que la ejercen a la vista pública sin ningún respeto mundano. El ministro del Interior lleva condecorada media docena de vírgenes o sea, de estatuas de la Virgen, es decir, media docena de leños policromados con cargo al erario. Algunas mujeres del gobierno y el partido, en cuanto pueden, se visten de mantilla y peineta, todas de negro al estilo tradicional de la devoción española. Todos los cargos juran delante de un crucifijo, con una mano sobre los evangelios. Muchas de sus medidas políticas se adoptan invocando poderes milagrosos de diversas vírgenes y santas. Y no se trata solamente de políticos de la derecha. En el PSOE hay chupacirios más beatos que los del PP. Algunos, incluso, son más papistas que el Papa. Sobre todo este, que es medio montonero.
Obviamente, nadie niega a la Iglesia el derecho a predicar y hacerse oír sobre cuanto juzgue conveniente que es todo pues su negociado es la salvación de las almas. Pero ese derecho debe ejercerse en condiciones de igualdad con otras gentes con negociados igualmente encomiables: la asociación de alcohólicos anónimos, los amigos de los animales o la Liga Antidifamación B'nai B'rith, etc. El clero católico recibe un trato privilegiado. La Iglesia en su conjunto, como asociación o sociedad perfecta, según ella misma, es un Estado dentro del Estado y no solo tiene una condición de absoluta inmunidad fiscal sino que recibe transferencias netas de las arcas públicas en miles de millones de euros. Con parte de estos financia sus medios audiovisuales desde los que defiende al gobierno y su partido y ataca sistemáticamente a la oposición. La que sea.
Esta situación tan absurda debe acabarse de modo tajante, aplicando cuando menos la timorata separación entre la Iglesia y el Estado que se prevé en la Constitución. El PSOE, según parece, se compromete a revisar los famosos Acuerdos de 1979, sucesores del Concordato de 1953 y de dudosa constitucionalidad. Debiera denunciarlos sin más y pasar a una ejecución del principio de autofinanciación de la Iglesia, recogido en los Acuerdos pero jamás aplicado. Amén de ello, la Iglesia, como asociación privada que es, por muchas que sean sus peculiaridades, debe atenerse al régimen fiscal ordinario en todos los aspectos, desde el impuesto de sociedades, el IRPF, el IBI, el IVA, todos. Y sin excepciones. Carece de sentido esa que introduce el PSOE de que no paguen el IBI los edificios destinados al culto. ¿Por qué no?
Para ser una sociedad moderna es necesario que los ciudadanos que quieran disponer de los servicios de una iglesia se la paguen de su bolsillo. No del de todos. Asimismo es preciso revisar otra serie larga de abusos y privilegios. Por ejemplo, hay que suprimir el cobro de una entrada en las catedrales y templos importantes, igual que la Iglesia deberá devolver todos aquellos bienes inmuebles que hayan inmatriculado a su nombre sin tener títulos para ello. El PSOE promete aquí una especie de nueva desamortización ya que, según parece, la Iglesia ha inmatriculado más de 4.000 propiedades por este procedimiento. Entre otras, la mezquita de Córdoba que ha pasado a su propiedad por 60 euros
Tomamos nota de estos compromisos del PSOE y recordamos con escepticismo que la ejecutoria de ese partido en materia de relaciones Iglesia-Estado no es brillante. Ni los gobiernos de González ni los de Zapatero amagaron siquiera con cumplir con la aconfesionalidad del Estado. Pusieron un ejemplar de la Constitución junto a los evangelios por si algún rojo quería prometer por lo civil y se dedicaron a mimar al clero. El último gobierno de Zapatero se atrevió a pergeñar un proyecto de ley de libertad religiosa que metió luego en el cajón, asustado cuando los curas fruncieron el ceño. Para contentarlos ese mismo gobierno socialdemócrata incrementó del 0,5 al 0'7% de la cuota de cada cual la cantidad que los contribuyentes católicos pueden aportar a su Iglesia.
A la vista de lo anterior, el crédito de los socialistas en referencia a las relaciones Iglesia/Estado es escaso.
En un asunto me pica la curiosidad. La Iglesia está también muy presente en Cataluña. Incluso más que en el resto del Estado. En Cataluña hay dos monjas muy implicadas en el ámbito público y en el proceso independentista, Teresa Forcades y Lucía Caram. Pero, además, hay mucho clero y jerarquía detrás del independentismo. No solo párrocos vehementes con la estelada sino prelados que ponen los puntos sobre las íes a sus pares españoles cuando a estos se les escapa la fiebre nacionalcatólica en versión imperial. A su vez, los políticos catalanes soslayan todos los temas religiosos, excepción hecha de Unió, claro, que es organización democristiana. Misma prudencia que en España. Sin embargo, la pregunta es obligada: en el caso de una República catalana, ¿qué lugar ocuparía la iglesia católica? ¿Seguiría siendo una organización privilegiada, un Estado dentro del Estado?
