Esto sí es transparencia, lucha contra la corrupción, freno al despilfarro del dinero de los contribuyentes, coto a la malversación. Esto y no las sinsorgadas de Rajoy, el de los sobresueldos, cuando balbucea explicaciones sobre las medidas contra la corrupción que su gobierno ha amparado, fomentado y sigue ocultando siempre que puede. Que cada vez es menos.
Estas comisiones de auditoría de la gestión autonómica en Madrid en las dos últimas legislaturas que la señora Cifuentes ha tenido que tragarse como el sapo mañanero es la medida más importante y eficaz que se ha tomado en España para sacar a flote toda la basura de uno de los gobiernos más mafiosos en la historia del país. Y ya los ha habido
Fueron veinte años de mayorías absolutas en los que un partido corrupto, que se financiaba ilegalmente a base de mordidas por concesiones amañadas, estuvo haciendo mangas capirotes con los dineros públicos. Un poder sin control o con controles manipulados en instituciones sumisas a las órdenes, como el Tribunal de Cuentas, acumuló todo tipo de dispendios y latrocinios con los que, de paso, enriquecía a un puñado de sinvergüenzas que simulaban ser políticos honestos.
Era imposible que lo fueran viendo la falta de talante democrático, la arrogancia, la soberbia, el desprecio y hasta la chulería con la que trataban a la oposición y, por encima de ella, a los ciudadanos, incluidos sus propios votantes. Los madrileños acabaron resignados a una administración poblada de ineptos vanidosos y presidida por una majadera, cuyo aparente desparpajo, solo ocultaba su absoluta incompetencia a la hora de impedir que sus colaboradores robaran a espuertas ente sus narices. Un hatajo de mangantes que, enarbolando la bandera de las privatizaciones, saqueó el erario, los servicios públicos, las empresas de la comunidad. Lo llamaban neoliberalismo, según las simplezas de catón que expectoraba la señora Aguirre pero, en realidad, era un neofeudalismo: una típica confusión de lo público y lo privado, en beneficio de ellos mismos y sus amigos y aliados, generalmente empresarios acostumbrados a vivir de amañar concursos públicos.
Las comisiones de investigación, que ya tienen curro, habrán de poner en claro el robo descarado de la Gürtel y la Púnica, las dos tramas mayores (pero no las únicas) que los políticos de la derecha tejieron con la mafia empresarial y una serie de funcionarios corruptos para enriquecerse todos en detrimento de los intereses colectivos del bien común que hubieran debido defender de haber tenido un mínimo de honradez.
No se trata de que estas comisiones sustituyan la administración de justicia que hace su trabajo como puede, sistemáticamente obstaculizada y hostigada por la asociación de presuntos malhechores llamada PP, con el sobresueldos a la cabeza. Se trata de que establezcan las responsabilidades políticas de este inmenso desaguisado, de esta increible ceremonia del saqueo de una Comunidad por una manga de chorizos. Y se trata de que los políticos que toleraron y ampararon este latrocinio o que, incluso, se beneficiaron de él, asuman sus responsabilidades y se retiren de una vez a esa vida privada que tanto les gusta, quizá en la cárcel y habiendo devuelto todo lo que hayan pillado.
Resulta intolerable que la principal supervisora de estas actividades de auténticos bandoleros, la señora Aguirre, no acepte responsabilidad alguna por el desastre que ha ocasionado con su altanera ineptitud. El disparate de la Ciudad de la Justicia, en el que se han volatilizado 105 millones de euros como el que se gasta la calderilla, debe aclararse. Igual que debe aclararse cómo el arquitecto Norman Foster pudo cobrar más de 10 millones de euros de las arcas públicas por una obra que no hizo y a través de un contrato que, como los dineros, se ha esfumado. Aguirre tiene que dar cumplida explicación de todo ello. Como también de decenas de otras tropelías, todas ellas liquidadas con quebranto para la hacienda pública y supuesto beneficio de los mamandurrios neoliberales de que se rodeaba: las privatizaciones de la sanidad, el Canal de Isabel II, el metro ligero a Pozuelo, el hospital de Collado Villalba o el inenarrable proyecto de Eurovegas.
Si faltó tiempo a esta señora para felicitarse de haber condecorado en vida como presidenta de la Comunidad a una de las musas del más sórdido franquismo, la recientemente fallecida Lina Morgan, con igual alacridad debiera estar ya en la plaza pública dando las explicaciones pertinentes sobre esos turbios y ruinosos asuntos que han empobrecido a los madrileños y enriquecido a una banda de truhanes. Que vaya a las comisiones las veces que haga falta a mentir como acostumbra y que dimita de paso de cualquier actividad pública por indigna.
Y quien dice la Comunidad, dice el Ayuntamiento. Carmena está levantando las alfombras y los madrileños asisten estupefactos a otra pasarela de dispendios, despilfarros y toda clase de gatuperios protagonizada por los dos último regidores, Ruiz-Gallardón y Ana Botella, dos almas gemelas en lo cursi, arrogante, inepto y megalómano. Que el ex-ministro de Justicia sepultara más de 500 millones de euros públicos en acondicionar el espantoso pastel de la Cibeles en detrimento de los edificios del Madrid de los Austrias, ya demuestra un mal gusto rayano en lo ofensivo. Pero que de esos 500 millones, parte nada desdeñable, fueran a hacerse un despacho versallesco, revela la auténtica dimensión moral tanto del repelente niño Vicente como de su sucesora, una reprimida de la más rancia estirpe nacionalcatólica.
Hace muy bien Carmena en sacar a la luz pública las trapisondas de estas cucarachas de oro para que los madrileños sepan cómo vivían los sátrapas que se iban a los spas cuando había alguna catástrofe con pérdidas de vidas en su jurisdicción.
Pero haría mucho mejor si nombrara una comisión que procediera a auditar esa cueva de mangoneo que fue el ayuntamiento de Madrid.
