El Congreso aprobó ayer el mayor asalto que se ha dado en España a las libertades y derechos de los ciudadanos desde 1978. Una ley y una reforma del Código Penal inspiradas en un espíritu autoritario, ordenancista, intimidatorio y represivo. Unas normas que vienen a institucionalizar un estado de excepción low cost. Una especie de ley de plenos poderes para las fuerzas de seguridad, lo cual da a este golpe a la democracia unos ribetes castrenses pues una de las fuerzas de seguridad, la Guardia Civil, tiene naturaleza militar. Esta ley desprotege a los ciudadanos, les arrebata la tutela judicial en el ejercicio de sus derechos y entrega la potestad indagatoria y sancionadora a las autoridades administrativas y, en concreto, a la policía. Por eso, la oposición, en rara unanimidad, califica la realidad que la norma instaura como Estado policía.
Establecer por ley la impunidad y el secreto de las actuaciones policiales en el control del orden público equivale a dejar a los ciudadanos a merced, no de los jueces, sino del gobernante de turno en el que hay que presuponer un equilibrio mental y una ecuanimidad que no vienen avaladas por la experiencia inmediata. A los hechos me remito: su principal inspirador, Fernández Díaz, tiene por costumbre retirarse a rezar en el Valle de los Caídos, en la proximidad de la tumba del Caudillo, cuyo espíritu ilumina al ministro, como se ve.
El PP ha aprobado está monstruosidad en el Congreso por 181 votos a favor y 118/120 en contra. Mayoría aplastante, desde luego, necesaria cuando se realiza una reforma de la importancia de esta. Tan sobrada que los autores pueden prescindir de cualesquiera alianzas y consensos y aprueban la norma con el voto en contra de toda la oposición. ¿Y qué? Los síes han sido el 60,1% y los noes se han quedado en un escuálido 39,8%.
Pero ¿es tal mayoría? Los 181 votos sí representan a 10.866.566 de votantes, o el 44,6% del voto, mientras que los 120 diputados de la oposición representan a 12.533.712 de votantes o el 50,58%. O sea, no son mayoría entre los votantes y todavía lo son menos en relación a los electores: el 30,3%, siempre según datos del ministerio del Interior. Es decir, un tercio de la población impone a los otros dos tercios una concepción del orden público arbitraria, policial y, en el fondo, dictatorial. Las energías que el Estado debiera emplear en perseguir, erradicar y hacer imposible en el futuro la corrupción, las emplea en perseguir, reprimir y silenciar a quienes protesten contra ella.
Si la oposición es capaz de unirse en un frente del "no", aunque sea a modo de inocente pataleo, ¿cómo no es capaz de hacerlo en otro frente del "no", pero más contundente porque no es contra una ley sino contra el gobierno? ¿Cómo no presenta una moción de censura? ¿Que hay resquemores de que esa medida favorece al PSOE? Quizá sea llegado el momento de dejarse de rencillas y atender al interés general. Y, si la unidad no se produce, ¿qué impide al PSOE presentarla en solitario? En solitario ha aprobado el PP la Ley Mordaza que instaura una especie de estado de excepción policial.
Un pesimista diría: apresúrense ustedes, antes de que se tipifique la presentación de una moción de censura como alteración punible del orden público y les caiga una multa descomunal, como si estuvieran manifestándose ante una central nuclear o una iglesia.
