Manuel Maroto, Victoria Anderica, Suso Baleato, Miguel Ongil (2013) Qué hacemos con la financiación de los partidos. Madrid: Akal, (70 págs.)
Pues es tiempo de conflictos agudos resulta conveniente acudir a la publicística de combate. Escritos breves, claros, concisos, al alcance de todo el mundo, que traten monográficamente un tema prioritario en la escala de preocupaciones de la ciudadanía, lo analicen, lo critiquen y propongan alguna solución. Siempre que la sociedad se agita y las luchas se enconan, surgen los panfletos. Tienen una injusta mala fama fabricada por quienes no han sabido responderles convincentemente. Los panfletos son compendios argumentados de posiciones políticas (o religiosas, económicas, sociales, etc) opuestas a otras. La revolución inglesa del siglo XVII sería incomprensible sin el alud de escritos en pro o contra del Rey y el Parlamento; la francesa del XVIII, igualmente. Hasta la independencia y la Constitución de los Estados surgieron de un intenso debate animado a base de panfletos. Los papeles del Federalista, ¿qué son sino un puñado de alegatos publicados en la prensa? Eso sí, con un enorme peso filosófico, político y jurídico. El Federalista sintetizó en panfletos la tradición clásica griega, el derecho público romano y la filosofía de la Ilustración. Y ¿qué es el Manifiesto del Partido Comunista, el libro hoy más editado en el mundo entero después de la Biblia, sino un panfleto? Un manifiesto que contiene una filosofía de la historia.
Los panfletos son pieza esencial en la teoría política. Un género muy respetable. El librito en comentario pertenece a una serie de qué hacemos ya con una veintena de títulos. Supongo que también tiene una perspectiva editorial de aumentar las ventas de títulos de crítica en un mercado agónico. La elección del verbo da un tinte leninista a la colección, pues remite al famoso ¿Qué hacer? de Lenin, idéntico al de la novela de Chernichevski. El amarillo elegido para la portada también acompaña. No es el yellow chrome, pero se le acerca
En este caso es una pregunta por el quehacer de la financiación de los partidos políticos, tratada en perspectiva multidisciplinar, con rigor y conocimiento de causa. Consideran los autores el pasado inmediato (¿cómo hemos llegado hasta aquí?), el presente, y aventuran algunas medidas correctoras. La financiación pública es un elemento esencial de la corrupción; esta viene de antiguo, pero no debe considerarse como consubstancial a la cultura española. Mas algo de eso debe de haber cuando las cantidades de financiación de los partidos en 2008 que se dan (p. 14) son manifiestamente desorbitadas y no parecen llamar la atención.
La conclusión obvia del libro es que el sistema político español está por así decirlo gripado a causa de la partidocracia, agravada por el bipartidismo. Los partidos controlan el gobierno, el parlamento e interfieren en la acción del poder judicial. Es inútil esperar de ellos legislación reformista que afecte a sus intereses, singularmente en materia de financiación. La legislación vigente al respecto es inoperante y nada de lo que se ha hecho recientemente en materia de transparencia ha venido a mejorar sino, al contrario, a empeorar las cosas.
La tercera parte, o parte más propositiva, desgrana una serie de medidas perfectamente asumibles en un espíritu de mejorar, democratizar, hacer más transparente y menos corrupta la financiación de los partidos. La cuestión aquí es la fuerza parlamentaria con que se cuente para imponerlas. Y hay una segunda de contenido: la reforma de la normativa corre el mismo peligro de inoperancia que la normativa reformada. Hace diez años, Bruce Ackerman publicaba un libro (Voting with Dollars) en el que proponía una forma de financiación de partidos extraordinariamente sencilla, que podría aplicarse en España con las salvedades precisas: cada elector dispone de un vale de, digamos, 100 euros anuales que puede emplear en favor del partido de su elección. Un país con 22 millones de electores distribuiría en condiciones óptimas 2.200 millones de euros entre los partidos. Con una condición: los partidos acogidos al vale no pueden tener ninguna otra forma de financiación, pública ni privada. Aquellos partidos que renuncien al sistema de vales pueden tener acceso a la financiación privada que deseen. Probablemente la financiación privada estaría siempre por debajo de la pública decidida por la gente. Admitido, es una opción casi idílica. Probablemente no hay otra que seguir reformando la normativa.
En este terreno de propuestas hay al final un proyecto de consolidar y ampliar la democracia, más allá de los límites institucionales, mediante las oportunas reformas que fortalezcan la participación democrática a través de las iniciativas legislativas populares o la creación de órganos ad hoc para que los movimientos sociales tengan acceso relevante al ámbito legislativo. Nada que oponer excepto cierto escepticismo dictado por la experiencia y la realidad cotidiana: la fuerza política que podría apoyar un programa tan sensato como radical está fragmentada en media docena de formaciones.
