Se van de vacaciones con el país sumido en una crisis múltiple de muy feos frentes, económico, territorial, de gobierno e internacional. Es una prueba más de la irresponsabilidad de este gobierno cuya valoración ciudadana, según los barómetros del CIS debe de ser la más baja (en conjunto y uno a uno los ministros) de la historia de España o, al menos, desde que se hacen esas mediciones de la opinión pública. Si tuvieran un mínimo de sentido común -de ese del que Rajoy presumía hasta el hartazgo- estarían en sus despachos, preparándose para la que se viene encima en todos esos frentes.
La opinión general, tanto dentro como fuera del país, es que el asunto más acuciante, la supuesta corrupción del gobierno y del partido, en especial del presidente de ambos, lejos de haberse zanjado, está más viva que nunca. Que ha quedado todo abierto, según editorializaba ayer El País. Incluso peor que abierto. La lamentable comparecencia de Rajoy en el Congreso no ha servido para nada a los efectos de recuperar imagen en la opinión. Un 72 por ciento de los ciudadanos no le cree. Y hace bien. No es creíble. Ha acumulado tantas mentiras en su vida de político profesional, habiéndolo reconocido él expresamente cuando declaró no haber cumplido su palabra "pero sí con su deber", que resulta absurdo pedir ahora confianza.
La comparecencia sí sirvió, en cambio, para empeorar las cosas desde el punto de vista del gobierno y su partido porque Rajoy reconoció expresamente que tanto él como muchos otros dirigentes del PP cobraron sobresueldos durante años, en algunos casos, más de veinte. Los llama de otros modos y sostiene que son legales. Eso está por ver. Y, en todo caso, el reconocimiento público, ya innegable, da un giro a toda la historia del caso Bárcenas puesto que ahora es el caso Rajoy y el caso financiación ilegal del PP.
Para mayor zozobra, incluso el caso Bárcenas está lejos de haberse acabado. Raúl del Pozo anuncia que el extesorero tiene "mucha munición" en esta guerra y que el bombazo está en las grabaciones de Bárcenas. O sea, esperen que arrecia la tormenta. Para cuando el PSOE presente su moción de censura, Rajoy puede estar de nuevo emplazado a explicar en el Parlamento cosas quizá peores que los famosos SMSs de confortación espiritual a Bárcenas.
Pero, aunque la tormenta no arreciara por ese lado, el reconocimiento oficial de los sobresueldos tiene carga suficiente para dinamitar el gobierno. Porque Rajoy reconoció haber cobrado y autorizado el cobro a los demás de esas ingentes cantidades de dinero pero no dijo nada de haber indagado sobre su procedencia. Resulta, sin embargo, que esta, a tenor de los papeles de Bárcenas, es presuntamente ilegal. Y eso no tiene remedio, con independencia de que haya o no un delito específico, que, de haberlo, haya o no prescrito, etc. Eso de repartirse los fondos procedentes de supuestos cobros ilegales no es de recibo, se declaren o no a la Hacienda Pública.
Hay dos cuestiones particularmente indignantes en esta presunta práctica de la financiación ilegal del PP hace ya veinte años. De un lado, queda en evidencia la mentira, la falacia repetida por Rajoy y algún otro de que ellos "no están en política por el dinero", pues tienen una profesión en la que, añaden con una pizca de desprecio, ganarían más. Es posible, pero lo que la realidad muestra es que, tanto en el caso de Rajoy como en el de otros muchos perceptores de sobresueldos, tendrán una profesión pero no parecen haberla ejercido nunca ya que llevan más de veinte años en política, toda su vida activa y, por lo tanto, son políticos profesionales. Y no estarán por la pasta, pero se han llevado sobresueldos de cine y han vivido a cuerpo de rey sumando a sus sueldos públicos por una u otra razón (a veces diputados, a veces senadores, ministros, etc) los cuantiosos sobresueldos barcénigos con una interpretación laxa de la Ley de Incompatibilidades.
Ser militante del PP, especialmente en las alturas, es un chollo, una carrera en sí misma. Es vivir de la política, en concreto del partido y de los ciudadanos -que son los últimos paganos de esta feria de gorrones- y vivir opíparamente, a todo pagado, incluidos viajes, cumpleaños, estancias en hoteles de lujo y comilonas. Significa asimismo mangonear en las administraciones públicas y enchufar a parientes, deudos, amigos y simpatizantes a veces en cantidades industriales, como se demuestra en los casos de las Diputaciones de Castellón y Ourense. Sin dejar de lado la posibilidad de intervenir en alguno de esos negocios de construcciones faraónicas e inútiles, en los que se pilla pastuqui a lo grande en aeropuertos sin aviones, autopistas sin coches, AVEs sin viajeros, que han convertido nuestro país en una variante universal del efecto Potemkim.
La segunda cuestión es la de la financiación ilegal de las campañas. Al margen de la consideración jurídica del hecho, está claro que esa costumbre -parte de la trama corrupta- es contraria al espíritu mismo de la democracia, que requiere juego limpio en la confrontación electoral. Ganar las elecciones con trampas invalida sus resultados y destruye las bases mismas del sistema democrático. La posición de ventaja indebida sobre los demás partidos es indignante. Y tanto más cuanto Rajoy insiste una y otra vez en que su mayor compromiso es con el mandato por cuatro años que le dio una mayoría de españoles. Mandato obtenido con trampas y que, además, se traicionó al minuto siguiente de haber ganado las elecciones.
Llevar al país a un conflicto diplomático, o más que diplomático, con el Reino Unido por Gibraltar es lo peor que pueden hacer estos gobernantes; lo que les faltaba para que ya los reputen de neofranquistas quienes hasta ahora se resistían a hacerlo.
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).
