El PP es un partido "presidencialista" en el sentido de que se nombra un presidente con plenos poderes, al que están sometidos todos los demás, incluido de hecho el máximo órgano, el Congreso, puesto que, hasta la fecha, no ha intervenido en el nombramiento del presidente salvo para ratificarlo. Así pues, detrás de los secretarios generales, por encima de ellos, tomando las decisiones y siendo responsables de ellos, están los presidentes. A Álvarez Cascos le tocarron Fraga y Aznar; a Arenas, Aznar y Rajoy. A Cospedal, Rajoy. Por cierto, Rajoy también fue una temporada secretario general de Aznar.
Así que esos tres secretarios generales (un cargo más devaluado que el equivalente del PSOE, por ejemplo, que es un partido más "parlamentario") son la última defensa que queda a los dos presidentes que siguen siéndolo, pues Aznar lo es "de honor". Los tres fueron personalidades importantes de la política española (Cospedal aún lo es, por extraño que parezca) pero ninguno de ellos daría un paso sin el permiso de su presidente. Lo que los tres citados declaren como testigos, con obligación de decir la verdad, afectará a sus superiores que, en realidad, ya están afectados por los papeles de Bárcenas.
Van a declarar sobre asuntos muy complejos. No solamente sobre los que deben tener información, sino sobre los que los afectan personalmente. Bárcenas -o sus papeles- afirma que pagó sobresueldos a los tres. Es el momento de declarar "sí" o "no", meridianamente. Porque, hasta la fecha, no se ha escuchado nada concluyente. Al contrario, un confuso batiburrillo de medias negaciones, afirmaciones inconcretas, amenazas de querellas que jamás se interpusieron; ruido, mucho ruido mediático.
A esto de los sobresueldos le ha ocurrido algo muy curioso. Las primeras reacciones, al conocerse su cobro persistente en el pasado y el presente, oscilaban entre negarlo todo con indignación y aceptarlo, pero afirmando que eran legales porque se declaraban a Hacienda. Si son legales o no, si han prescrito o no prescrito lo decidirán los jueces. Pero la opinión pública parece haber sacado la cuestión de los términos legales para llevarla al enfadoso campo de la política y parece haber decidido que, con independencia de la legalidad, el cobro sistemático de sobresueldos repartidos casi como dividendos mafiosos, con fondos procedentes de donaciones ilegales, es inaceptable y forma parte indiferenciada de ese magma de la corrupción que todo lo invade, en forma de Bárcenas, de Gürtel, de Urdangarin, de Matas, de sobres. Un baile de mangantes esquilmando la Hacienda pública, estafando a los ciudadanos y dándose el vidorro padre. Inaceptable.
Un criterio que comparten implícitamente los interesados como se echa de ver en el sigilo con que procedían al reparto de la pastuqui, sus trucos contables imaginativos, la disparatada política de incomunicación que lleva el gobierno y clara intoxicación del partido desde el inicio del escándalo, la sistemática opacidad de Rajoy al respecto hace ya años. En efecto fue en un ya lejano programa de TV en donde una buena señora preguntó de sopetón al entonces candidato, cuánto ganaba y el candidato no respondió. Se hizo repetir la pregunta para ganar tiempo y acabó diciendo bastante más que usted. Pero no cuánto en concreto. Y desde entonces no lo ha dicho. En otra ocasión afirmó que miraba la cuenta a fin de mes pues tenía los problemas de todos los ciudadanos; seguía siendo candidato y por entonces, al parecer, cobraba más de 200.000 euros al año, pero no dijo cantidad alguna.
Es el momento de aclararlo el jueves, 1º de agosto. Mientras sus secretarios generales están emplazados a declarar ante el juez, a él le corresponde aclarar ante los legisladores y la opinión, por fin, cuánto cobra y ha venido cobrando al mes y por qué conceptos. Hay que aclararlo sabiendo, además, que cobrar sobresueldos es inaceptable.
Y actuar en consecuencia.
Hemos llegado al final del camino, señor Presidente.
