martes, 2 de abril de 2013

¿Justicia en España? No me haga reír, hombre.

Ignoro si la Justicia española es un cachondeo, como sostuvo en su día Pedro Pacheco con notable tecnicismo jurídico. Pero queda claro que, si no lo es, se le aproxima bastante con todos los caracteres de ley del embudo, justicia de clase y justicia de partido, generalmente en contra de los desfavorecidos y al servicio de los privilegiados.

Y descaradamente. A los hechos me remito:
  • Caso Naseiro. El primer tesorero del PP al que pillaron en circunstancias iguales a las de Bárcenas ahora. Los jueces archivaron el caso mediante una triquiñuela legal de unas cintas que no se dieron por admitidas como prueba. En presunto delito quedó sin castigar.
  • Caso Aznar. Es de menor rango pero muy significativo. Debidamente denunciado por infringir las ordenanzas municipales de Málaga por pasear los perros sin correa ni bozal, Aznar no será sancionado porque, según el ayuntamiento, hay cosas más importantes que hacer. Ese ayuntamiento, mañana, puede ponerle una multa a usted por hacer lo mismo que Aznar.
  • Caso Cristina de Borbón. Al margen de si es tonta o se lo hace, hay ya indicios suficientes para imputarla, pero es altamente improbable que suceda. Y eso que su padre anunció que "la ley en España es igual para todos". Simplemente, no es verdad. Cristina, su familia, la Iglesia, los ricos, las derechas, el PP, están por encima de la ley.
  • Caso Urdangarin. Mientras que en el caso de los EREs en Andalucía hay ya media docena de personas en prisión preventiva, en el de la presunta estafa de Noos, ninguno de los implicados ha pisado una cárcel ni es previsible que lo haga en un futuro próximo.
  • Caso Fabra. Casi diez años de instrucción gracias al filibusterismo judicial del cacique; nueve jueces y otros tantos fiscales han pasado por la causa sin que el presunto ladrón haya sufrido la más mínima incomodidad. Al contrario, ha seguido en sus cargos y cometiendo todo género de desaguisados en ellos. Por fin tiene fecha para juicio oral por uno de sus numerosos supuestos delitos. Está por ver que sea condenado.
  • Caso Camps, el Curita, amigo del alma de El bigotes, al que quiere "un huevo", absuelto gracias a un jurado popular que no lo encontró culpable de lo que a todas luces es culpable, siendo, por lo demás, la parte menos vistosa de sus supuestos latrocinios.
  • Caso Camps/Barberá. Cuando ya es patente que estos dos mendas malversaron millones para dárselos a Urdangarin, el presidente del gobierno anda presuntamente haciendo gestiones para evitar que los imputen con el cuento de que tiene que salvar la Monarquía cuando lo único que le importa es que no caigan más delitos sobre el PP que, a estas alturas, parece una organización de delincuentes. Y quizá lo consiga. Quizá consiga que queden sin castigo expolios de millones al erario público.
  • Caso FUNDESCAM. Parece bastante claro que el PP se financió ilegalmente con dinero negro canalizado a través de esta opaca fundación a mayor gloria de Esperanza Aguirre y cuyo principal valedor, Díaz Ferrán, está hoy en el trullo por presunto ladrón. Pero hasta la fecha nadie ha iniciado acción alguna para esclarecer los hechos. Se prefiere que prescriban. Lo habitual es que la fiscalía se niegue a actuar de oficio cuando se trata de presuntos delitos de gentes del PP.
  • Caso Bárcenas. El último especimen de la lista de presuntos ladrones/tesoreros del PP. Millones de euros evadidos, quebranto a la Hacienda pública, entregas irregulares de dinero negro supuestamente repartido entre dirigentes del PP, empezando por su presidente, Mariano Rajoy, encerrado en un silencio de molusco. Y ni un detenido ni un encarcelado.
  • Caso Gürtel. Millones y millones estafados a las administraciones, defraudados a la Hacienda, decenas de cargos del PP presuntamente implicados en cobros ilegales, corrupción en todos los niveles de las administraciones públicas. Ni un solo condenado hasta la fecha excepto el juez que empezó a investigar el caso, Baltasar Garzón.
  • Caso Feijóo, pillado de paseo con un reconocido narcotraficante y, por tanto, sospechoso de todo tipo de ilícitos penales. El martillo de Anxo Quintana, cuya dimisión exigió a gritos en su día por algo que no era ni la centésima parte de lo que se deduce de las relaciones de Feijóo con Dorado. No solo se niega a dimitir sino que nadie inicia una investigación sobre su nauseabundo comportamiento.
  • Caso Rajoy. Involucrado en los "papeles de Bárcenas" como uno de los receptores de dinero negro en sobres, se niega a dimitir y a dar explicaciones satisfactorias e impone silencio a su partido sobre el asunto, ocultando información a la ciudadanía. A estas alturas esta sigue sin saber a ciencia cierta cuánto dinero cobra y ha cobrado en los últimos años al mes Rajoy. Solo se sabe que tuvo el morro de subirse el sueldo un 27% hace un par de años, mientras reclamaba que se le bajara a todos los demás. Y, por supuesto, nadie ha iniciado investigación alguna sobre un comportamiento presuntamente corrupto.
  • Caso Juan Carlos I. Los últimos meses han dejado claro que el Rey de España no solo no tiene un comportamiento aceptable sino que es directamente reprochable. A sus aventuras africanas, el aparente miniserrallo que tenía cercano a su residencia, sus oscuras maniobras en lo referente a su yerno y el modo en que ha acumulado una inmensa fortuna, se han añadido unas cuentas en Suiza con unos capitales a su nombre que, al parecer, se han ocultado al fisco en España. Es decir, Juan Carlos viene a ser un evasor más pero, obviamente, a nadie se le ocurre que puedan iniciarse acciones judiciales en contra de él.

    Eso es solo para los pringaos.

    ¿Justicia en España? Venga ya.
(La imagen es una foto de Nemo en el dominio público).