Gobernar por la puerta trasera.

Rajoy ha hecho una de sus peculiares comparecencias en el Forum Europa en apoyo de Dolores de Cospedal. Ni una declaración; ni una respuesta a una sola pregunta; ni una pregunta. Llegó, soltó lo que quería decir y puso pies en polvorosa por una puerta trasera del Ritz. ¿No se dan ustedes cuenta de que la situación es insostenible? ¿No ven ustedes que no es de recibo tener un presidente obligado a salir de los actos públicos por la puerta de servicio? Según noticias fue a apoyar a la secretaria general, acosada en el interior de su partido. ¿Qué apoyo puede prestar un presidente que se escurre camino de la salida?

Un gobierno serio no puede embarcarse en procedimientos judiciales luchando por su supervivencia. Forzosamente desatiende sus funciones originarias y causa un daño a la comunidad. Pero hay más. El destrozo puede alcanzar los fundamentos mismos del Estado de derecho. Leo en un magnífico artículo de Gonzalo Boye Tuset en el diario.es, titulado La estrategia del PP para desinflar el caso Bárcenas la estrategia judicial que está desplegando el gobierno directamente y por medio del partido para dejar en nada el caso Bárcenas. En él se nos explica que: Poco más hay que decir sobre cómo se ha estructurado una línea de defensa que impida que los denominados "papeles de Bárcenas" pueda dañar irremediablemente al Partido Popular. Se han puesto en funcionamiento todos los resortes del Estado, que además como Gobierno responderían a sus directrices, para impedir que "acusaciones populares" pudiesen formar una investigación que permitiese aclarar la verdad y que demostrase que todo esto es uno de los mayores escándalos de la historia reciente de España.

Implementar toda esta estrategia no sólo requiere de una mente jurídica privilegiada como para poderla diseñar sino, también, aunar muchas voluntades diversas pero coincidentes en algo: confunden el Estado de Derecho y lo que es la separación de poderes con un servilismo indigno de un estado democrático y, además, pervertir el uso de la "acusación popular", concebida como participación directa de la sociedad civil en la administración de Justicia.

Mientras todo esto sucede sin que muchos se den cuenta y otros miren a ninguna parte, todos dicen que Rajoy permanece inactivo; si a esto se le llama inactividad entonces no sabemos qué podría pasar el día que se ponga en movimiento..

Está claro: la actividad del gobierno (que controla, entre otras cosas la Fiscalía) y la de su partido y sus gentes presentando demandas civiles y constituyéndose en partes en los procesos abiertos es una actividad si no ilegal, profundamente inmoral, porque rompe el principio de que no se puede ser juez y parte. Los procedimientos versan sobre actividades del propio partido y, supuestamente, en concreto de su presidente. Mientras este gobierno y su partido sigan personados como demandantes allí en donde son demandados o acusación allí en donde sean acusados, no habrá verdadero Estado de derecho en España. Que el gobierno ponga por encima de la ley el mismo gobierno utilizando para ello todos los resortes del Estado es algo inadmisible, pero probable.

Además, la estrategia puramente judicial será portentosa, como dice Boye, pero dura tanto como la arboladura de un velero en la tormenta. Apenas se ha pensado un plan de acción cuando el panorama se complica extraordinariamente con la imputación del juez Gómez Bermúdez a Bárcenas y también a a los principales constructores del país que hicieron presuntamente generosos donativos al PP a cambio de la concesión irregular de contratas públicas.Y esto no es moco de pavo. Hace años que el PP viene financiádose de modo presuntamente ilegal, ingresando cantidades indebidas que luego invertía en atender a las campañas electorales y en llenar los bolsillos de un selecto club de dirigentes a los que se repartía dinero en B en sobres. Entre ellos, supuestamente, Rajoy.

En realidad, el gobierno debe una explicación política en sede parlamentaria. La financiación irregular de las campañas electorales del PP, como en los casos de dopage del deporte, deslegitiman los triunfos obtenidos. El PP los consiguió, según parece, haciendo trampas. Toca explicarse; no dar la callada por respuesta. Toca aclarar lo sucedido; no decretar una ley del silencio sobre los hechos. Toca dimitir.

La oposición, como siempre, en silencio, enredada en ese penoso asunto de Ponferrada, a raíz del cual, por supuesto, no dimite nadie. Aunque sea de señalar que, cuando menos, el secretario de organización, habiendo cargado en solitario con la responsabilidad del entuerto, ha ofrecido resignar el cargo. Pero su partido lo confirma. Aparte de ello, podía retornar a su función, pedir la dimisión de Rajoy y presentar una moción de censura. 

Repito: no es de recibo un gobierno cuyo presidente se ve obligado a abandonar los actos públicos por la puerta trasera para no dar la cara ante unos ciudadanos que protestan pacíficamente por sus políticas.

(La imagen es una captura del vídeo sobre el Forum Europa de La Moncloa en el dominio público).