El cambio. Ese misterioso término de contornos imprecisos, por todos invocado para los más diversos fines. El concepto apunta a una experiencia humana universal. Todos los filósofos menos Parménides lo han aceptado; los poetas lo han ilustrado; las religiones lo han consagrado. El cambio es la vida. Solo la muerte se nos aparece inmutable, sin serlo tampoco. El cambio es y, pues es, debe ser bueno ya que aquí estamos y no hemos muerto por ahora. El cambio tiene connotación rotundamente positiva. Por esos los políticos lo invocan. Por eso y porque no compromete a nada. Porque la pregunta es: ¿exactamente qué se pretende cambiar?
Modernización, progreso, futuro. El cambio propuesto por el PSOE en 1982 pretendía poner España a la altura de los otros Estados europeos en bienestar social (sanidad, pensiones), educación, infraestructuras y eficiencia de la administración. Treinta años después, visto lo sucedido entre tanto, es legítimo plantear la cuestión de si era ese el cambio deseado por la sociedad. La abrumadora mayoría absoluta socialista de 202 diputados, superior en 16 escaños a la actual del PP, ¿era únicamente un mandato para reformar la seguridad social, el sistema educativo, el ingreso de España en la Comunidad Europea o apuntaba más alto, a la Constitución misma?
Incidentalmente debe observarse cómo los 186 diputados del PP están sirviendo a este para hacer tabla rasa con todo lo conseguido desde 1982. La sanidad, ni la educación, ni la justicia son ya servicios universales ni gratuitos; las pensiones están en el alero y, por supuesto, los derechos de los trabajadores son recuerdos de tiempos mejores. Y estamos al comienzo, en el primer año triunfal de la vieja derecha española, convertida al liberalismo radical al que tanto combatió hasta bien entrado el siglo XX.
¿Cambiar la Constitución.? Impensable e indecible. Era el texto de un acuerdo, un consenso histórico, un documento casi mágico. Había hecho posible el milagro de que los dos bandos enfrentados en numerosas guerras civiles durante doscientos años llegaran a un entendimiento. Sería un irresponsable quien lo reformara. En privado, los exégetas reconocían que el texto tenía chapuzas sin cuento que jamás funcionarían o lo harían perversamente. Todo el mundo sabía desde el comienzo que el Senado no sirve para nada, las Comunidades Autónomas estaban mal planteadas y fueron delirantemente desarrolladas, el sistema electoral era desproporcional, injusto y, conjuntamente con los partidos políticos y su posterior regulación legal, daría lugar a un sistema caciquil y una partidocracia que algunos confunden con el bipartidismo.
Pero no se podía hacer nada porque la Constitución era el modélico fruto de un consenso y los consensos no se cambian. La cuestión es, sin embargo, sencilla: si fue fruto del consenso, ¿por qué no va a cambiarse? ¿Quizá porque no fue fruto del consenso sino de la imposición y el trágala, cosa que sus hacedores y herederos no quieren reconocer unos por interés y otros por vergüenza? Los partidarios del cambio no eran tales sino de una mudanza restringida, sin tocar la Constitucion. Para los gobernantes de hoy, el cambio es lo contrario y, con la misma Constitución nos descambian el cambio de 1982 y nos dejan en donde estábamos. Treinta años de cambio se van por el sumidero de la historia.
El dinero todo lo tapa. No se podía cambiar la Constitución porque el tal consenso ocultaba una situación conflictiva que podía explotar de cualquier modo. Por eso se optó por soslayar los problemas anegándolos en dinero. El ingreso de España en la Comunidad Europea fue la entrada en Eldorado. Sobre el país se derramaron los fondos destinados a la cohesión y, una vez cohesionado, en Maastricht le dieron el espaldarazo de la moneda única para ingresar en el club de los ricos. Y así no pareció necesario encarar los problemas, guardados en cofres dorados.
En aquella Jauja moderna, los defectos constitucionales antes mencionados se tornaron en actividades delictivas y una marea de corrupción: el Senado, las CCAA, la política y los políticos locales, la patrimonialización de la administración pública a todos los niveles son los pilares que han sustentado una actividad política en los últimos veinte años hecha de redes de corrupción, malversación de fondos, estafas, pelotazos, especulaciones, un caos de delincuencia, caciquismo y abuso que no ha dejado institución sana, desde el presidente del Tribunal Supremo a la familia Real, pasando por una infinidad de administradores de las cajas de ahorros que llevan años saqueando literalmente a los impositores. Y todo mezclado con las mafias internacionales, las redes de blanqueo de dinero, la evasion de capitales. ¿O es que nadie recuerda cómo la mitad de todos los billetes de 500 euros en circulación estaba en España? Parafraseando al poeta podría decirse "venid a ver el dinero corriendo por las calles".
Hasta que viene la quiebra. No puedo dejar de pensar en el reportaje de la BBC sobre el crac español, en el que se ilustran muchas de estas cuestiones. Con la crisis financiera vino la quiebra española y ahora nos encontramos cuesta abajo y marcha atrás a toda velocidad en manos de un gobierno de la derecha decidido a hacer pagar la crisis exclusivamente a las clases medias y bajas, favoreciendo el capital financiero, las grandes empresas y sin tocar las grandes fortunas ni, por supuesto, la mayor de ellas, la de la iglesia católica y sus privilegios de Estado dentro del Estado.
Ahora sí toca cambiar la Constitución. Lo admiten hasta quienes se opusieron a ello hasta ayer, a pesar de haber propiciado un cambio constitucional en agosto de 2011 que literalmente yugula todas las demás posibilidades del Estado social. Ahora hasta Rubalcaba habla de reformar la Constitución. Es decir, de cumplir el mandato que se dio en 1982 bajo la consigna del cambio, pero no se hizo por miedo al cambio. Y hoy ¿estamos a tiempo o también esa propuesta de cambio va a quedarse corta? Porque ahora, además del desmantelamiento del Estado del bienestar, el saqueo de lo público y la negación de derechos, se alza un reto soberanista catalán muy complicado. A su vera, lo de Ibarretxe, tortitas y pan pintado. Para hacerle frente se propone reformar las constitución para convertir España en un Estado federal. Los partidarios del cambio que, en el fondo, son sus enemigos, los federalistas sobrevenidos, todavía no han conseguido explicar cómo si España no ha sabido ser un Estado autonómico sabrá ser federal.
¿Reforma o proceso constituyente? Los reformistas de hogaño, en efecto, pueden estar llegando tarde. A su izquierda y en los movimientos sociales surge la petición de un proceso constituyente. No vamos a pegarnos por los términos. La propia Constitución prevé su revisión total. Siendo así, propóngase y a ver qué sucede. No es de recibo seguir oyendo que no es conveniente reformar la Constitución no vaya a ser que los republicanos pidamos la restauración de nuestra República. Pues claro. Estamos en nuestro derecho. Hemos soportado cuarenta años de dictadura fascista, militar y clerical y treinta y siete de monarquía impuesta. Y el fracaso está a la vista. ¿Por qué no intentarlo de nuevo con una República? ¿No son todos tan amigos del cambio?
