Crisis... de legitimidad.

La crisis sempiterna suele verse como algo económico, incluso etéreamente financiero. Tantos miles de millones de euros de unos recortes, tantos centenares de miles de millones de unos rescates. Pero todo eso sucede en un medio, el de la vida colectiva, en el que la crisis ha tenido un impacto tremendo, abriendo un proceso de confrontación, de conflicto social que ha roto los consensos básicos, la legitimidad del sistema en su conjunto. Los principios mismos sobre los que se basaba aquella están quebrando o han quebrado ya ante la brutalidad neoliberal. Y lo hacen a la vista de todos, a la luz pública:

• La igualdad, piedra angular de la democracia, ha sucumbido a las más ostentosas e injustas desigualdades, diferencias salariales astronómicas, beneficios ilimitados, rentas disparatadas, el lujo y boato de los ricos frente a las necesidades de los pobres, los trabajadores y las debilidades de las clases medias.
• La justicia brilla por su abitrariedad. Raramente se procesa y condena a los ricos y, si sucede, tienen condiciones penitenciarias favorables y el poder político los indulta sin más tardanza. Los tribunales se ceban en los pobres. Quinientos desahucios diarios es cantidad que no requiere mucho comentario.
• Las libertades cada vez más restringidas por el poder, empezando por la libertad de expresión y su correlato de derecho a la información, crecientemente acosados por la autoridad so capa del orden público. La libertad de manifestación y reunión, la libertad de comunicación en la red, todo molesta a las autoridades españolas que tratan de restringirlas o negarlas empleando eufemismos estúpidos.
• La seguridad jurídica de los ciudadanos no se respeta. No se trata solamente de que la autoridad gubernativa actúe arbitrariamente, multando a la gente a voleo o denunciándola porque sí, que ya es bastante barbarie. Se trata de la propia autoridad legislativa que no respeta derechos legalmente adquiridos y ejercidos, como los de los funcionarios, los jubilados, los trabajadores, etc. Crea así el Gobierno mismo, con sus agresiones y expolios injustos una situación de incertidumbre y de temor que rompe el principio hobbesiano del orden social y provoca esta crisis de legitimidad.

A este elenco de penas es preciso añadir el toque específicamente español de los conflictos territoriales. La crisis de legitimidad afecta incluso al concepto mismo de nación, lo que enciende las pasiones más extremas. El hecho de que sean las tres derechas nacionalistas -la española, la vasca y la catalana- las que gobiernen los vértices del triángulo del conflicto permite augurar en principio más conflicto y más enfrentamiento, lo que no es cómodo.

Está claro que el PP solo no puede con la tarea, aunque el espíritu del gobierno sea de sostenella y no enmendalla porque, al identificar, como siempre, los intereses de su partido con los generales, cree llagada la hora de destruir a su adversario aunque sea a costa de hundir el país por el que, en el fondo, no siente especial aprecio por más rebuznos patrióticos que suelte.
Hace falta, al parecer, la ayuda del PSOE y este lleva ocho meses loco por darla porque, de aceptarse, vindicaría de golpe el criterio de Rubalcaba de pactar frente a ataques cada vez más frecuentes de sus propias filas. Pero el gobierno la desprecia, lo que hace imposible todo acuerdo y deja a Rubalcaba en muy mal lugar ante los suyos, en concreto el de una oposición ninguneada, puesto que no hay alternativa. No hay alternativa para la izquierda parlamentaria en una situación en que el gobierno tiene una mayoría absoluta holgada que le permite hacer literalmente lo que le viene en gana. Y lo hace.

No hay alternativa porque esta solo puede ser la revolución en la que no piensa nadie en la izquierda salvo grupos de escaso eco popular. La única posibilidad es seguir ofertando pacto de Estado, en el entendimiento de que, con él, el PSOE se juega su supervivencia al menos como lo conocemos hoy. Pero lo hace en complimiento de esa afirmación frecuentemente formulada de que es necesario que los partidos antepongan de verdad los intereses generales a los suyos como partidos que solo reza para él y nunca para la derecha. Eso es lo que, aunque con distinta intensidad, vienen a pedir tres muy buenos artículos publicados en El País en los últimos días, sobre las posibilidades del PSOE en estos momentos: que el hoy partido de la oposición tenga sentido de Estado. Son el de Fernando García Selgas, el de Félix de Azúa y el de Ignacio Sánchez Cuenca.
Y así debe ser: frente a la irresponsabilidad de la derecha, carente de programa, de proyecto de recuperación del país y solo interesada en exprimir en provecho propio las posibilidades de este, la izquierda tiene que ser consciente de las obligaciones que impone ls situación de emergencia provocada por el desastre económico-financiero y actuar de forma que contenga la crisis de legitimidad. Y el sacrificio que se le exige es doble porque, la disposición a colaborar en la tarea común con un compadre tan ruin y tramposo como la derecha española no exime al PSOE de actuar con criterio exigente de oposición en todo lo demás. La primera parte la ha cumplido con creces; con la segunda, ni ha empezado y no será la actual dirección, adocenada, desvencijada y acomodada a una rutina institucional que provoca el rechazo ciudadano por caduca y corrupta, la que lo haga 
(La imagen es una foto de La Moncloa en el dominio público).