El debate está en todas partes. ¿Cuál es el impacto político de la red? ¿Qué sucede en el ciberespacio? ¿Quién pone orden ahí? ¿Hay que poner orden? La experiencia de la llamada primavera árabe dice que lo primero que los déspotas hacian cuando los súbditos se les rebelaban era bloquear el acceso a la red, cerrar internet, apagar Facebook, suspender Twitter, eliminar cobertura de móviles; en definitiva, suprimir la libertad de expresión y de comunicación atacando sus medios de forma ilegal. La razón estaba clara: estos medios son catalizadores de movilizaciones populares espontáneas que dieron lugar a una gran variedad de fenómenos más o menos violentos, varios de los cuales terminaron derrocando odiosas dictaduras; otros se tornaron en guerras civiles, exacerbando la violencia.
La derecha española en el gobierno, cuya afinidad electiva se orienta hacia el autoritarismo, la severidad, el rigor, el "palo y tentetieso", para entendernos, reconociendo el peligro que representa la libertad irrestricta de internet, pretende establecer la censura. Pretende cosas igualmente absurdas, por ejemplo equiparar la resistencia pasiva a la activa como delito de atentado contra la autoridad en lo que, a su vez, es un atentado contra el sentido común y la lógica de la lengua que por algo se molesta en distinguir lo activo de lo pasivo. Salvo que se quiera decir que la resistencia pasiva pasa a ser atentado mientras que la activa escala unos puestos y se convierte en delito de lesa humanidad, por ejemplo. Según algunos la derecha quiere endurecer el código penal en previsión de una agudización de la conflictividad social a causa de sus medidas. Eso es un pretexto. La derecha endurece el código penal porque es lo que hace siempre. En su idea, nuestro mundo está corrompido por la permisividad, el libertinaje, etc. y es preciso aplicar mano dura para mantener el orden público. Lo suyo es la mano dura. Lo del diálogo, las medidas preventivas, le parecen caralladas o mariconadas.
La pretensión del ministro de Interior de censurar la red es, con mucho, lo más grave porque no es tipificar de modo más o menos arbitrario un delito sino criminalizar no ya comportamientos legales sino derechos, lo cual es inadmisible. A ver si puedo explicarlo en dos niveles distintos. El primero, el de la lógica penal misma y el segundo el de la lógica política. El primero es patente. Al parecer, el gobierno pretende convertir en delito el hecho de convocar actos violentos por internet. Pero esto es una estupidez. Convocar actos violentos por el medio que sea está ya abundantemente castigado en el Código Penal que considera manifestación ilícita toda reunión o manifestación celebrada con el fin de cometer cualquier delito y la violencia es un delito. El propósito no puede ser tan estúpido. Y no lo es. Lo que pretende el ministro es tener vía libre para castigar a los convocantes de una manifestación en la que se produzca violencia, que es algo muy distinto. Hasta a un ministro se le alcanza lo ridículo de pensar que alguien convoque una manifestación diciendo algo así como: Mañana manifestación violenta en Sol en favor de la libertad de García. Lo normal será que alguien convoque una manifestación (sin hablar de violencia y, por tanto, lícita si cumple los demás requisitos etsipulados en la ley) en Sol en favor de la libertad de García y que, en el curso de esta, quizá, ocurran incidentes más o menos violentos. Lo que quiere el ministro es facultad para enchironar no a los causantes de la violencia (que ya lo hace el Código Penal) sino a los convocantes de la manifa. Si eso se admite, en dos meses no queda un posible convocante en la calle porque lo único que tiene que hacer el ministro es mandar media docena de provocadores a cada manifestación que partan la cara a diez o quince manifestantes y así mata dos pájaros de un tiro: sacude estopa a los que protestan y encarcela a los dirigentes/convocantes. Eso no es de recibo
En cuanto a la lógica política, la cosa está también muy clara: quieren censurar internet por ser internet y de ahí el tratamiento diferenciado, como si fuera un ámbito especialmente maligno o proclive al crimen, como si fuera una cueva de delincuentes cuando no es si no un ámbito público, que interactúa con el tradicional. Internet es inseparable de la radio, la televisión, los medios impresos y hasta el cine, además de tener su propio territorio o mar (no es casualidad que a los usuarios los llamen internautas) en los que rigen las normas civilizadas habituales de la realidad pues, a fin de cuentas, internet es parte de la realidad social, el ciberespacio es realidad social y no se ve por qué ha de someterse a un tratamiento más rigorista salvo por el miedo que inspira. Pero el miedo obnubila el juicio que, de todas formas, tampoco va muy allá. La autoridad odia y teme internet porque da poder a los ciudadanos al margen de las instituciones, porque permite generar e intercambiar información con independencia de la que canalizan los medios convencionales y, sobre todo, porque posibilita la movilización espontánea y autónoma de esos ciudadanos en virtud de la información compartida a una velocidad superior a la que tiene el mismo poder para enfrentarse a ella. El poder y los medios integrados en él (como poder mismo o como contrapoder) han perdido el monopolio de la información que se ha desbordado alcanzando la sociedad civil, como se demuestra viendo la peripecia de WikiLeaks. La información no solo genera poder sino tambén libertad, así que, en el fondo, el miedo a internet es el miedo a la libertad. ¿Se acuerda alguien de Erich Fromm? Pues eso.
El miedo a internet o forma contemporánea del miedo a la libertad no solo afecta a la derecha española (que, en realidad, tiene pánico) sino a todos los gobiernos del mundo, generalmente conservadores pero también de otros tipos. El gobierno chino, por ejemplo, viendo en el aniversario de la masacre de Tiananmen la posibilidad de movilizaciones políticas, bloqueó todos los enlaces que llevaran al episodio de la matanza de civiles por las tropas en 1989 en todos los buscadores. A su vez, el ACTA mundial, la ley SOPA en los Estados Unidos son las pruebas de ese miedo en cuanto pretenden policiar el ciberespacio, convirtiendo a las plataformas en la red en gendarmes de un orden que los poderes públicos no alcanzan a garantizar. Los gobiernos han dado las órdenes y sus somatenes se han movilizado.Quienes han estrangulado económicamente WikiLeaks han sido Amazon, Paypal, Google, Facebook, etc. Pero eso plantea un problema de atentado a la libertad de expresión y, en general, de legalidad en la red por cuanto privatiza el orden público, definido en términos gubernativos pero no judiciales.
(La imagen es una foto de Isaac Mao, bajo licencia de Creative Commons).
