La manifa de ayer fue un éxito. Los sindicatos calcularon millón y medio de asistentes en toda España, 500.000 solo en Madrid. La policía municipal dio la cantidad de 30.000; pero ya se sabe que, a la hora de calcular asistencias a manifas, la policía pregunta antes a la autoridad. Los 30.000 deben de ser el cálculo de Ana Botella que aún no está muy ducha en estas cosas. Si hubieran preguntado a Esperanza Aguirre probablemente esta hubiera mostrado su sorpresa: "¿asistentes a la manifestación? ¿Qué manifestación?".
Los sindicatos, las asociaciones de estudiantes, el 15-M, todos sacaron mucha gente a la calle a protestar por la política/trágala del gobierno que es el mayor ataque a los derechos de los trabajadores que se haya hecho en democracia. Y tiene razón Méndez cuando dice que esta reforma destruye el derecho del trabajo para toda la vida. Era importante que fuera un éxito y lo ha sido también como preparación de la ya convocada huelga general del próximo 29 de marzo. Los medios de la derecha, los empresarios, el gobierno, se han lanzado a una carrera por deslegitimarla y torpedearla: es inútil, es dañina, es antiespañola, la mueve el PSOE. Solo falta que salgan los obispos diciendo que es anticristiana.
Es obvio que, debidamente asesorado por la patronal, Rajoy pretende pasar a la historia como el presidente que venció a los sindicatos y desmontó la protección jurídica de los trabajadores. Aprovechando la crisis económica y la debilidad de estos que, con cinco millones de parados no están en una posición de fuerza negociadora, se pretenden ventilar las relaciones laborales en el ámbito del libre mercado, bajo la superchería de la igualdad entre trabajador y empresario. Por ello el gobierno se ha negado a negociar nada, ha impuesto la reforma por decreto-ley, no está dispuesto a considerar la oposición de los sindicatos ni piensa hacer cambios en la reforma. Quiere la confrontación.
Desde el punto de vista teórico, la actitud del gobierno y la patronal es atacar la base misma del Estado del bienestar que descansa sobre la desmercantilización de las relaciones laborales. Para los teóricos del Estado del bienestar está claro que no cabe tratar la fuerza de trabajo como una mercancía más. Y por eso se desarrolló un sistema de normas jurídicas para protegerlo. Eso es lo que ahora se quiere echar por la borda. Hay dudas razonables de que esta reforma sea siquiera constitucional y, desde luego, será recurrida. Pero, en todo caso, es muy agresiva y, de imponerse, dará lugar a una sociedad dividida, enfrentada, con una mayoría de trabajadores sometidos a condiciones más duras de explotación: salarios bajos, largas jornadas e inseguridad en el empleo.
Desde el punto de vista práctico da la impresión de que Rajoy quiere dar ejemplo de dureza y de cómo se controla la situación para mejorar la imagen de España, país cumplidor de sus obligaciones, al coste que sea. De ese modo espera que los mercados en general y Frau Merkel en particular le perdonen la osadía de no cumplir el límite del déficit en un 4,4%. Pero también es posible que la provocación del gobierno de acuerdo con la patronal no triunfe sino que el conflicto se enquiste y haya una situación de incertidumbre. En ese caso, Rajoy no solo perdería los apoyos con los que cree contar sino que los mercados se ensañarían con España y la empujarían hacia el rescate en un modelo griego.
Por eso, igual que la manifa de ayer, la huelga general del 29 tiene que ser un éxito de forma que, aunque no quiera, el gobierno tenga que recapacitar.
