Hace casi tres años que vienen preguntándoselo y no ha sido capaz de decir una cantidad concreta, bien porque la lleve escrita en su letra que ni él mismo entiende, bien porque le falla la memoria de un mes para otro. Porque lo que sí dice, con esa marrullería que da por supuesto que los ciudadanos somos tontos, es que mira su cuenta a fin de mes con lo que pretende suscitar la misma simpatía solidaria que Esperanza Aguirre cuando decía en una biografía autorizada que no llega a fin de mes con más de cien mil euros al año.
Si Rajoy mira sus cuentas a fin de mes, ¿cómo es que no puede dar una cantidad concreta de lo que gana? ¿Están los extractos bancarios escritos en su letra? Todo esto son pamplinas. Sus mismos compañeros de partido calculan que su sueldo oscilará entre los 9.000 y los 12.000 euros mensuales y estarán calculando por lo bajo y sin contabilizar las bicocas y pagos en especie, dietas, gastos de libre disposicion, etc. Es decir, parecería que Rajoy no dice cuánto ingresa porque es mucho, demasiado, para un país con sueldos muy bajos y que, además, están reduciéndose. Al contrario, él añade que "tiene los problemas de los ciudadanos". ¡Qué más quisiéramos los ciudadanos que tener los problemas de 9.000 a 12.000 euros tirando por lo bajo! Realmente estos políticos que viven a lo grande pierden el mundo de vista y, con el mundo, a sus habitantes a los que creen que se les puede decir cualquier cosa.
Porque el problema no está sólo en la cantidad, con ser muy elevada, sino en el hecho de que sean dos sueldos lo cual no es solamente inmoral sino probablemente también ilegal, según la Ley de Incompatibilidades de 1984 y la orgánica de Régimen Electoral General de 1985. Se podrá decir lo que se quiera (y, seguramente ya se habrán encontrado las triquiñuelas necesarias para justificar este abuso) pero la condición de diputado o senador es radicalmente incompatible con la percepción de cualquier otro estipendio público o privado de la naturaleza que sea. El art. 157, 2 de la citada Ley Orgánica dice taxativamente que "el mandato de los Diputados y Senadores será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia o ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma". Puede parecer muy duro, pero es lo que dice la ley. Y, según el normal sentido del castellano, de acuerdo con este precepto, Rajoy y todos los diputados y senadores que, como Rajoy, reciban su sueldo de parlamentario y, además, otra cantidad regular procedente de su partido, en principio, están fuera de la ley y habrán de ser sancionados.
Es decir, a la inmoralidad del hecho de que los políticos tengan unos ingresos (y otros privilegios en ceses, derechos pasivos, etc) desproporcionados en relación con las retribuciones medias de la sociedad, se añade la mucho más corrosiva de que, para percibirlos, burlen la ley que, sin embargo, aplican a rajatabla a los demás. La famosa ley del embudo.
La escasa relevancia pública de una situación tan anómala probablemente se deba a que, en esta situación inmoral y presuntamente ilegal se hallan diputados y senadores de varios partidos que encuentran en esto un motivo para cerrar filas por encima de sus -en otras circunstancias- estridentes discrepancias. Hay aquí una solidaridad sombría, una falta de iniciativa y de empuje regeneracionista. En el PP y en el PSOE y no sé si en otros partidos. Y esa solidaridad crea un espíritu de casta que propicia todo tipo de corruptelas.
Esa decisión, tomada a última hora, a regañadientes y forma poco explícita de publicar los patrimonios de los parlamentarios es mucho más importante por lo que deja entrever que por lo que dice. Lo que parece deducirse de lo publicado (y Palinuro habla aquí de oídas pues carece de espíritu fiscalizador y no ha ido a escudriñar las declaraciones) es que un buen porcentaje de parlamentarios tiene mucho dinero metido en los tristemente célebres "fondos de inversión", probablemente administrados por empresas gestoras que juegan en los mercados a especular contra los intereses del país al que sus señorías representan.
Como fuera quimérico esperar que el Parlamento tome alguna decisión regeneracionista, será menester alimentar movimientos ciudadanos (los del 15-M vendrían aquí al pelo) que exijan la trasparencia completa de la casta política. Es decir, la declaración de patrimonio debe ser completa, afectando a todos los bienes y derechos que realmente se posean; no sólo aquellos de los que se es titular. Además, ningún representante popular debiera recibir su acta sino fuera contra la entrega de su declaración de la renta.
¡Ah! Y que Rajoy diga de una vez cuánto gana. A lo mejor hay que hacer una colecta para ayudarlo a llegar a fin de mes como fue necesaria con Esperanza Aguirre.
(La imagen es una foto de Partido Popular de Melilla, bajo licencia de Creative Commons).
