miércoles, 24 de agosto de 2011

¿Requiem por el Estado del bienestar?

Ayer hubo un terremoto físico de intensidad 5,9 en la escala Richter en Washington que obligó a desalojar el Pentágono y un terromoto político en España de intensidad por determinar en próximas fechas pero, desde luego, muy alta. Zapatero propuso reformar la Constituciòn Española (CE) para imponer un tope de déficit y, claro, Rajoy se apuntó el primero. La izquierda que Público llama "minoritaria" saltó como un resorte reclamando un referéndum, cosa obligada si lo solicita un 10 por ciento de diputados o senadores, cantidad no pequeña y, probablemente, imposible de alcanzar en las circunstancias actuales.

Razones para reformar la Constitución hay varias y gruesas: proponer un referéndum entre monarquía o república, cambiar el sistema electoral, meter mano al Senado reformando la organización de las Comunidades Autónomas o reconocer el derecho de autodeterminación, pero ninguna de ellas pasaría del estado de nebulosa de borrador de preanteproyecto. Sólo una vez, en 1992, hubo una reforma menor del artículo 13, 2 para recibir la normativa comunitaria en cuanto al sufragio pasivo de los extranjeros residentes. De reformar algo más nadie quería oír hablar en la Carrera de San Jerónimo.

Hasta ayer en que, de pronto, se propone una reforma en un asunto distinto que sale con todas las probabilidades de ganar porque tiene el apoyo entusiasta de los dos partidos mayoritarios y, por tanto, más de los dos tercios y, desde luego de los tres quintos que puedan necesitarse, según casos.

Simplificando mucho, el recurso al déficit es el elemento distintivo del keynesianismo y, por ende, del Estado del bienestar. La acusación que se le hacía era que disparaba el gasto público más allá de la ley de Wagner, era el motor de la inflación y, a largo plazo, fórmula segura de quiebra. Por eso decía Keynes que, a largo plazo, "todos calvos". Si se impone un límite al déficit, es decir, al gasto, se le corta una de las dos piernas al keynesianismo que podría seguir a la pata coja incidiendo en los ingresos mediante una política fiscal progresiva. Pero esa pierna tambén se le cortó hace años, desde que la ofensiva neoliberal decretó que lo único que cabía hacer con los impuestos era bajarlos, cosa que aceptó todo el mundo, incluido Zapatero a quien, ignoro por qué, bajar los impuestos le parecía de izquierda. Con las dos piernas amputadas, el Estado del bienestar ha recurrido a la venta del sector público para ir tapando déficit. Pero ya no queda casi nada por vender. El Estado del bienestar ha dejado de caminar y tiene un problema grave de financiación del que quiere salir suicidándose.

No es el lugar de preguntarse cómo se ha llegado a esta situación pero sí es de justicia reconocer que Keynes no tiene la culpa. El recurso al déficit para salir de la recesión se concebía como medida coyuntural. Pasadas las recesiones, los Estados debían enjugar los déficit, no consolidarlos. Han sido los políticos los que se han saltado esa regla de oro por razones que los teóricos de la decisión racional han explicado hasta aburrir. La izquierda aumentando el gasto social lo que Palinuro aplaude siempre que haya con qué pagarlo. La derecha haciéndolo para proyectos suntuarios o armamento o renunciando deliberadamente a los ingresos fiscales, que viene a ser lo mismo, con el claro objetivo de provocar lo que ahora dice que quiere evitar, esto es, la quiebra del Estado del bienestar.

En efecto, no es cosa de preguntarse cómo se ha llegado a esta situación pero sí porqué: porque gracias a la globalización, el mundo vive la dictadura del capital que es lo único que verdaderamente se ha internacionalizado, al extremo de poner de rodillas Estados enteros; y no sólo Grecia; también los Estados Unidos, ejemplo típico de país que lleva decenios viviendo por encima de sus posibilidades. Y los países europeos soportamos una doble globalización, la mundial y la nuestra. Sobre todo en la zona euro en la que el capital cuenta con un poder político de primera magnitud, Alemania, el país que perdió la guerra pero ganó la paz. Ha uncido a su carro a Francia para dar más legitimidad a su dictado (obsesionado con el control de la inflación), que tiene tanta mayor fuerza cuanto que predica con el ejemplo, pues ha incluido el techo de déficit y el presupuesto equilibrado en los arts. 109, 115 y 143d de la Ley Fundamental.

El límite constitucional del déficit es materia políticamente explosiva, como se prueba por el hecho que los Estados Unidos, que fueron los que empezaron la idea allá por los años treinta, no lo han conseguido. Al contrario, en 1986 y en 2002 fracasaron sendas propuestas de reforma de este tipo (por un voto en el Senado en ambos casos), dejando al país hacer el ridículo reciente de tener que aumentar por ley el tope de gasto so pena de suspensión de pagos.

En España pasa lo mismo y la izquierda se lanza a la petición de referéndum. Siendo realistas, Palinuro se lo pensaría dos veces. Este referéndum (¿cómo no va el pueblo a pronunciarse sobre un asunto de tanta importancia?) puede hacer revivir a parte de esa izquierda las nostalgias del de la OTAN en 1986. Las comparaciones son odiosas. La izquierda puede estar ahora tan dividida como entonces. Probablemente muchos socialistas votarían hoy también "no". Pero la derecha, que en 1986 se abstuvo o, incluso, subrepticiamente votó "no", esta vez votará "sí" sin dudarlo. Resultado más probable: la izquierda "minoritaria" o "transformadora", con los añadidos de los críticos del PSOE, perderá otro referéndum sin que se cumpla la el viejo anhelo de IU (y PCE) de dar la vuelta a la tortilla dentro de la familia. El PSOE quedará debilitado pero seguirá siendo mayoritario en la izquierda porque el grueso de su electorado, por muy crítico que sea, no votará a IU, como se ha visto el pasado 22 de mayo.

El referéndum puede pedirse por congruencia con una conciencia democrática. En el caso de que ganara el "no", España tendría que salir de la zona euro. Hipótesis no muy necesitada de consideración porque, aunque el referéndum se convocara que no parece sea el caso, ese "no" es altamente improbable. Si sale el "sí" la izquierda quedaría muy tocada. Y es que, guste o no, no hay alternativa si se quiere mantener al país en la zona euro o, en el extremo, en la UE, ya que la obligación de límite y equilibrio presupuestario está en el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea(art. 114).

Siendo así las cosas entiendo más práctico para la izquierda, especialmente en el PSOE, ya que no es probable que la otra izquierda ceje en la pretensión referendaria, tomar posiciones en tres terrenos: a) hay límites y límites; esto es, habría que imponer el límite al que se nos obliga (porque de hecho es una obligación y una obvia merma de soberanía) pero estableciendo provisiones que permitan flexibilizarlo de un año para otro y, por tanto, suavizar su carácter restrictivo. Es práctica aceptada ya que todo límite, si es muy bajo, tiene que tener un margen de flexibilidad; b) volver a la progresividad fiscal e incidir en la política de ingresos, recaudando más para financiar un Estado del bienestar que es de justicia elemental y ya no se puede costear con cargo al déficit. Si yo fuera político, especialmente socialdemócrata, se me caería la cara de vergüenza escuchando a los ricos (primero Warren Buffet en los Estados Unidos y luego los millonetis franceses) diciendo que quieren pagar más impuestos. A lo mejor este espíritu de solidaridad y justicia social redistributiva se contagia también a los ricos españoles, aunque aquí bastará con que digan que quieren pagar algún impuesto; c) forzar una provisión constitucional de igual rango de protección del Estado del bienestar como un derecho. O, mejor dicho, refozar la que ya existe.

Salvo error u omisión por mi parte esas son las tres líneas de la acción socialdemócrata de urgencia en las actuales circunstancias y a la espera de consolidar un modelo de cambio del sistema productivo muy anunciado y nunca realizado, hasta el extremo de que son los ricos los que salen en defensa del Estado del bienestar. O algo falla o ha llegado el momento de que la socialdemocracia europea comprenda que tiene que ofrecer una salida de garantía del Estado del bienestar para toda la Unión.