Bildu se la juega hoy en el Tribunal Constitucional, órgano que puede permitir o no en última instancia en España a la coalición concurrir a las elecciones del 22 próximo. Palinuro ya pensó en una entrada anterior, Ilegalizar y..., que la decisión del Tribunal Supremo de inhabilitar las 254 candidaturas de Bildu, así como las agrupaciones de electores, podía no ser prudente ni justa. Sobre todo lo que más clama al cielo es que puedan quedar fuera de las elecciones Eusko Alkartasuna y Alternatiba sólo por compartir candidatura con otros independientes de la izquierda abertzale. Esa prohibición viene a ser de hecho una interdicción de la coalición en general, cosa que ya avisó el ministro de Justicia que no podía hacerse por derecho, pues la Ley de Partidos no lo permite. Además de esto, que ya supone, en cierto modo, un fraude, se da a entender que los magistrados han inhabilitado las listas de Bildu al comprobar una a una que están contaminadas, lo cual es obviamente falso. La prohibición tiene una hipotética motivación ideológica, absurda al tratarse de EA y Alternatiba que aparecen así como seguidores de ETA.
Ya esa prohibición es más que dudosa y, si se le añade la privación de un derecho fundamental de sufragio activo y pasivo a los candidatos de un partido legal, el asunto tiene muy mala pinta, con la posibilidad de que el Tribunal de Estrasburgo falle en contra de España en un seguro recurso de Bildu que pedirá sin duda la anulación de las elecciones. Un panorama poco halagüeño. El Tribunal Supremo razona, como era de prever, que los de EA y Alternatiba ya sabían a lo que se exponían cuando integraron la coalición. Puede ser, pero no está nada claro que haya una proporcionalidad razonable entre la hipotética falta cometida y la sanción que supone privar del ejercicio de un derecho fundamental y, de paso, dejar sin representación política a un sector del electorado vasco.
La única solución posible sería que el Constitucional autorizase todas las candidaturas excluyendo, si lo considera necesario, a aquellos candidatos individuales de los que haya pruebas fehacientes de que están contaminados. Los excluidos podrían ser sustituidos por suplentes o podrían correr los puestos en las listas. Desde un punto de vista jurídico es lo justo y desde uno político, es lo necesario. No sé si cabe llamar democráticas unas elecciones en las que no puede participar un partido legal que quiere hacerlo. No es impensable que el PNV tome posición claramente exigiendo la presencia de EA bajo la amenaza de retirarse él también de la competición electoral, aunque para hacer algo así se requiere gente con más fibra que esos burukides que sólo se las tienen firmes a los micrófonos. Porque tampoco sería de extrañar que estos estrategas de corto vuelo vean la ocasión de recuperar la totalidad del voto nacionalista y caigan en la tentación de aprovecharse de una situación de injusticia que afecta a sus adversarios y competidores.
Aquí el único beneficiado en este pandemonium judicial que pone en un brete la democracia española en el País Vasco es el PP y su estrategia de tierra quemada porque este partido siempre prefiere las situaciones de placidez a las de democracia.
(La imagen es una foto de argazkiak.org, bajo licencia de Creative Commons).
