Todo fue muy rápido y perfecto, casi como si estuviera preparado. Y quizá lo estuviera. En menos de cuarenta y ocho horas ha quedado resuelto uno de los conflictos laborales más agrios y de más ruinosas consecuencias de los últimos años. La prensa internacional se hacía cruces de lo que estaba pasando en España. En el plano simbólico el asunto tiene su ironía. Todos los periódicos decían que se decretaba el estado de alarma por primera vez en democracia. No decían que lo hacía el PSOE por primera vez en su historia. Y puro simbolismo ya: ver el ejército ocupando instalaciones a las órdenes del poder civil para preservar el Estado de derecho; algo sin precedentes en España. La democracia es firme en el país. Nadie en el extranjero ha hecho un mal chiste.
Pero eso es en el orden simbólico. En el real los hechos se sucedieron a toda velocidad, como si hubieran sido ensayados previamente, como si respondieran a un guión. Ya hace días que los controladores venían amenazando con paros en las Navidades dentro de su tradicional política de presión y práctica extorsión que aplican en momentos cruciales. Pero el acto desencadenante fue la aprobación del nuevo régimen retributivo de estos trabajadores en el Consejo de ministros del viernes que también dio paso a la privatización de la gestión de Barajas y El Prat, cosas que están claramente relacionadas.
Entendiéndolo como una provocación (y todo hace pensar que lo fuera) los controladores respondieron de la peor manera posible cesando en la prestación del servicio sin previo aviso, sin declarar conflicto laboral y cerrando de hecho los cielos al tráfico aéreo en el momento en que cientos de miles de ciudadanos iban a volar en un puente. Fue una respuesta temperamental, probablemente dictada por la soberbia que no calibró el desastre que provocaría no solamente a esos 600.000 pasajeros, sino a la industria hotelera y de turismo en general, sin contar con el deterioro de la "marca España".
Los huelguistas de hecho no se dignaron dar explicación alguna probablemente por pensar que, al encontrarse en una situación límite, el Gobierno cedería como han hecho todos los gobiernos anteriores. Su sindicato, USCA, en otro alarde de cinismo, no se responsabilizaba de nada ya que, aseguraba, no había una huelga sino una revuelta popular y decía estar pidiendo a sus afiliados que volvieran al trabajo como si no fueran ellos mismos sino marcianos. Así pues sólo cabía suponer que el motivo del plante fuera el decreto ley que modificaba las condiciones salariales de los controladores. Vino a confirmarlo en un primer momento Mariano Rajoy quien, atrapado en Tenerife antes de sus vacaciones, hizo gala de sus habituales escasas luces dando a entender que condonaba la actitud de los huelguista y culpando, como siempre, al Gobierno por la inoportunidad de la aprobación del citado decreto. Es decir el PP sabía de antemano lo que se venía enima y consideró que era buena ocasión para sacar ganancias electorales del cabreo de la gente por sus vacaciones rotas. Más tarde, debidamente aconsejado, Rajoy ya no hablaría más del "cambio de medidas" y se limitaría a atacar al Gobierno.
Los controladores, pues, saltaron como fieras, entraron al trapo seguramente alentados por sus previas conversaciones con el PP sin calibrar las consecuencias ni tampoco el hecho de que, para bien o para mal, tienen muy mala fama en España en donde muchísima gente piensa, sea ello correcto o no, que se trata de privilegiados con sueldazos y condiciones laborales excelentes debido a que tienen gran capacidad de presión sobre el Gobierno y la usan siempre para apalancar sus privilegios. Así que en veinticuatro horas el Gobierno decretó el estado de alarma y los militarizó, igual que hizo Reagan en 1980. Una operación contundente que da la impresión de haber estado preparada y que ha cortado de raíz la protesta de los controladores por el momento y para las fechas que vienen. Eso no se lo esperaban los controladores, acostumbrados a ver claudicar a la autoridad ante su arrogancia y sus exigencias.
Ahora se abre el tiempo de las responsabilidades. Muchos controladores pueden haber cometido delitos, de sedición u otros, por los que tendrán que responder ante los tribunales. Y van a pasarlo mal porque hay mucha animadversión hacia ellos y porque es de justicia que el país exija castigos ejemplares para quienes no tienen inconveniente en causarle enorme quebranto, sabotear su recuperación y destrozar las expectativas de cientos de miles de sus ciudadanos sólo para engrosar sus nóminas. Y no solamente castigos ejemplares: ya hay 2000 ciudadanos constituidos en plataforma de damnificados que van a llevar a los controladores a los tribunales por la vía penal y civil en exigencia de daños y perjuicios. Como debe ser. Que estos desaprensivos no se vayan de rositas y respondan con su patrimonio del desbarajuste ocasionado. Porque, por muchas y razonables que sean sus reivindicaciones (que no lo son), no puede tolerarse que un puñado de trabajadores con ínfulas de aristócratas se valga sistemáticamente de la población como rehén para obtener desorbitadas condiciones salariales, muy superiores a las de sus colegas europeos.
Pero la responsabilidad de más envergadura que será preciso aclarar es esa acusación de Gaspar Zarrías de que el PP está detrás del plante a raíz de unas reuniones que hubo en las semanas previas entre el partido de la oposición y los controladores. Habrá que saber qué se dijo en esas reuniones, pero está claro que Rajoy lo sabía. Y en todo caso, cabe pensar que este plante repentino traiga causa de lo hablado con el PP, partido cuya lealtad a la democracia y al Estado de derecho termina el día en que pierde unas elecciones. A lo mejor por eso hablaba la USCA de "revuelta popular". Este extremo es de averiguación imprescindible porque, de haber delito de sedición, el PP sería cómplice y debe pagar por ello ante los tribunales ya que, como se demuestra con la corrupción que lo mina, su electorado no le tiene en cuenta los desmanes.
(La imagen es una foto de Vte.Moncho, bajo licencia de Creative Commons).
