En el PP ya nadie habla de escuchas ilegales excepto la señora Aguirre, probablemente porque las confunde con las que ella practica. Las improbadas escuchas han dejado el paso a una acusación de persecución, tan imposible de probar como las escuchas, pero un concepto mucho más difuso y resbaladizo porque ¿qué se entiende por persecución?
Probablemente cuando a uno le procesan los tribunales a alcaldes, concejales, diputados, presidentes de comunidades y todo tipo de cargos por docenas por presuntos choizos cae uno en la tentación de decir que a uno lo persiguen. Y no sólo puede uno caer en la tentación sino refocilarse en ella al asegurar que esa persecución es obra del Gobierno en pleno o de algunos de sus ministros. La cuestión es, sin embargo, que todas las persecuciones de que se tiene noticia están orientadas por los tribunales y asegurar que estos se pliegan a una política de persecución del PP dictada por el Gobierno es una afrenta a la profesionalidad de los magistrados del Constitucional y de los jueces en general.
En España se persigue a los terroristas y a otros delincuentes, estén en dónde estén ocultos y también a los militantes del PP cuando incurran en comportamientos que interesen a la jurisdicción penal. En tal caso la condición penal prevalece sobre cualquier otra consideración en virtud del interés público. Y cuando los dirigentes del PP vean que la acción de la justicia alcanza a sus compañeros de partido, están obligados a facilitarla por todos los medios y colaborar con ella y no a impedirla, salvo que estén convencidos de que su partido no es un partido sino una asociación de malhechores.
(La imagen es una foto de Contando Estrelas, bajo licencia de Creative Commons).
