Estaba acostumbrado el juez De la Rúa, amigo íntimo del Curita y quién sabe si del Bigotes también (los amigos de mis amigos son mis amigos), estaba costumbrado, digo, a que su palabra fuera la última en los angostos límites del Reino de Valencia; habituado a que su palabra fuera la ley ante la que todos se inclinan. Por eso, probablemente, dijo a su íntimo amigo el Curita que no se preocupase por lo que saliera en la instrucción, que en cuanto el caso llegara a sus manos procedería a archivarlo, dijera lo que dijera el instructor, el fiscal, la opinión pública y el sursum corda. ¿Pues no es él el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, el hombre que zanja todos los casos y que administra la ley en nombre del Rey, el que resuelve todas las controversias y decide en última instancia? Esto es lo que explica aquellas sorprendentes declaraciones del señor Camps cuando más arreciaban las informaciones sobre el cohecho que había cometido supuestamente, de que "El proceso que se ha iniciado hace meses está cada vez más cerca. Quedan uno o dos escaloncitos, y entonces toda esta cuestión tan extraña, tan absurda y tan estrafalaria habrá pasado al pasado". En román paladino: quedan uno o dos pasos más hasta que el procedimiento llegue a mi amigo íntimo el juez de la Rúa, quien se encargará de darle carpetazo. Entre tanto, el Curita, probablemente el tipo con el morro más largo que haya dado la política española, y llevamos ya unos cuantos, seguiría tomando el pelo a los ciudadanos, hablando de cuánto ansiaba poder declarar para explicarlo todo, siendo así que, cuando, en efecto, le tocó declarar, se negó a hacerlo quizá advertido por su amigo del alma.
¿Qué está pasando ahora? ¿Por qué el caso no abandona las portadas de los periódicos y cada vez muestra más su verdadera naturaleza como una posible decisión arbitraria e injusta del juez, rayano en la prevaricación si no plenamente incluido en ella?
Está pasando que la gente ya no se deja atropellar; que la decisión del señor juez De la Rúa choca de tal modo con lo que la gente sabe y ve de este rocambolesco caso que suscita verdadera indignación y crece y crece la demanda no ya de que se explique el señor Camps sino de que lo haga también su obsequioso amigo el juez De la Rúa. Que explique por qué no ha querido tomar en consideración un informe policial que le llegó en debido tiempo y forma y, según el cual, al parecer la Generalitat valenciana está gobernada por un grupo de delincuentes organizados.
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