¿No es España católica? ¿No es el catolicismo una de sus señas de identidad? ¿No es el catolicismo la religión que creó la Inquisición? ¿No fue la Inquisición un instrumento que impidió en España y sus posesiones la extensión de la nefanda herejía del protestantismo? ¿Por qué entonces cuando el líder del PP quiere desautorizar al Gobierno y a sus procedimientos de investigación habla de la Inquisición? ¿Acaso no es esto una muestra más de la hegemonía de la izquierda de la que tanto se queja la derecha, sobre todo la más pesada? En efecto, como todo el mundo sabe, la versión crítica y negativa de la Inquisición forma parte de la leyenda negra antiespañola urdida por la izquierda mundial y servilmente seguida por la española, mientras que su glorificación es elemento sustancial de la mentalidad derechista ya desde los tiempos de don Marcelino Menéndez Pelayo. ¿A qué, insisto, se debe que el señor Rajoy utilice de forma tan izquierdista el término Inquisición para referirse a pesquisas ilegales, injustas y arbitrarias?
A varios motivos y ninguno de ellos bueno: en primer lugar a ignorancia, que lo lleva a desconocer el buen juicio que a la gente fetén sigue mereciendo la Inquisición; en segundo lugar a demagogia, al tratar de apuntarse a una causa antiinquisitorial que el registrador de la propiedad cree indudablemente popular; en tercer lugar a falta de escrupulos: contra el PSOE vale todo; en cuarto lugar a su deseo de desviar la atención de las peripecias actuales del PP.
Esta última motivación es la más poderosa: las indagaciones de la policía y los jueces están sacando a luz una situación tal de corrupción y podredumbre dentro del PP, entre sus militantes y cargos públicos, que no hay formación que pueda aguantarla en democracia sin caer en el más profundo de los descréditos. Los trajes impagados del señor Camps, ya reconocidos como tales; los bolsos presuntamente regalados de la señora Barberá; las comisiones ilegales de decenas de militantes y altos cargos municipales y autonómicos del PP; los ingresos sospechosos del señor Bárcenas; las malversaciones y apropiaciones indebidas de los altos cargos del PP en Baleares; las sospechas de que la trama de corrupción y saqueo de las arcas públicas no termina aquí sino que alcanza al gobierno del señor Aznar y quizá a su familia. Todo ello dibuja un panorma desolador. Los manuales de comunicación dicen que, en esta situación, lo que el partido tiene que hacer es desviar la atención pública de los asuntos de corrupción ya que ésta no tiene defensa posible. Hay que conseguir, pues, que la gente hable de otra cosa.
De ahí las acusaciones vándalas de la señora De Cospedal, secretaria general del PP, acusaciones que, sostenidas por el inimitable señor Trillo y el conjunto del partido de la derecha, tienden en el fondo a deslegitimar el Estado de derecho. Tanto hablar de que el gobierno del PSOE pretende volver a la política de diálogo con ETA sólo para coincidir objetivamente con ésta en su intento de desprestigiar la democracia y el Estado de derecho españoles.
(La imagen es una foto de Contando Estrelas, bajo licencia de Creative Commons).
