Hoy se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera para considerar el nuevo modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno. Y hoy se sabrá qué votan las autonomías gobernadas por el PP: si a favor, en contra o se abstienen. Porque ayer no habían conseguido cerrar una actitud común. Por eso, el señor Rajoy, siempre tan claro y contundente, les recomendó que miraran sobre todo por los "intereses de sus comunidades" que es como no decir nada pretendiendo que parezca algo. No va a pedir a sus huestes que voten en contra de los intereses de las comunidades que gobiernan. Y este hombre, incapaz de forjar un criterio único sobre una propuesta concreta es el que acusa al Gobierno de haber implantado el caos en el sistema de financiación autonómica.
Y hoy también comparece ante el juez el reprentante legal del señor Camps en la causa que se le sigue por un supuesto cohecho. El presidente de la Generalitat valenciana rehúye acudir en persona a declarar siguiendo su ya inveterada táctica de decir a voz en grito que está deseando que todo se aclare y poder hacerlo ante los organismos adecuados y maniobrar después para que no haya declaraciones, causa ni proceso, para impugnarlo, para evitar que siga y, así, no declarar. A estas alturas, la actitud del señor Camps, que, en la medida en que cabe colegir algo dado su mutismo, consiste en seguir negando que nadie le pagara los famosos trajes, choca con las apabullantes pruebas que aduce el juez instructor de que, en efecto, fueron otros quienes pagaron las prendas. En concreto la empresa del Bigotes, Orange Market, directamente implicada en la trama Gürtel. Esta circunstancia es la que lleva a quienes apoyan a Camps (el diario El Mundo, por ejemplo) a argumentar que se trata de un acto impropio menor y que, en consecuencia, procede el archivo de la causa, es decir, una decisión política.
Tiene gracia que la explicación y justificación de un mismo hecho sea a la vez que no se cometió y que se cometió pero que carece de importancia. Demuestra el estado de delicuescencia en que se encuentra el antaño robusto frente judicial del PP, dirigido por el desvanecido señor Trillo. Pero no tiene ninguna que un proceso judicial pueda zanjarse mediante una decisión política para salvar la cara a un presidente al que han pillado en actos y tejemanejes vergonzosos y merced a la amistad que lo une con el presidente del tribunal así como a la fraterna orientación política del acusado y los magistrados. Si ese archivo se produce (y en ello fía el señor Camps sus posibilidades) tiene toda la pinta de ser una decisión injusta a sabiendas, o sea, una prevaricación.
Porque la cuestión no es solamente la de los trajes, aunque el juez instructor haya pretendido delimitarla a ellos deliberadamente. La cuestión tiene otras dos vertientes que dan la medida de la gravedad de este caso: de un lado la mentira continuada del señor Camps quien no solamente sigue afirmando que se pagó unos trajes que no pagó sino que llegó asimismo a sostener que no conocía al Bigotes a quien, según se supo después, "quería un huevo". Un presidente no puede mentir de esa manera y seguir siendo presidente.
De otro lado, la vinculación entre los famosos trajes y la trama Gürtel. Es literalmente absurdo pretender que los obsequios de trajes y otros "detalles" a la cónyuge del Curita no tienen nada que ver con la tupida red de adjudicaciones impropias de las que la trama de estos presuntos delincuentes estuvo viviendo durante años y causando por tanto un quebranto considerable al Hacienda pública y a la vida del país en su conjunto.
(La imagen es una foto de Público, bajo licencia de Creative Commons).
