El estamento judicial debe sosegarse y serenar su ánimo. Nada gana un país si quienes están obligados a ser acuánimes muestran no poder controlar sus pasiones. El Cristo que se ha armado con la iniciativa del juez Andreu de la Audiencia Nacional ha desatado tal cúmulo de disparates en el ámbito público que uno duda sobre la racionalidad de los dirigentes sociales. Los israelíes se han cabreado y la han tomado con el Gobierno español sin duda porque creen que es su deber controlar qué hacen los jueces, una actitud que dice mucho sobre la idea israelí de la división de poderes y la que tienen de la que hay en España. Claro que, a continuación, escucho atónito que el Gobierno español pudiera estar pensando en la posibilidad de limitar la jurisdicción universal española. Si lo hace por ley, al menos a efectos internos puede hacerlo, pero en tal caso, la jurisdicción universal ya no será universal. Habrá o no una forma jurídica de proceder pero está claro que es ilegítima. La jurisdicción universal, que es recíproca, por supuesto, no puede depender de límites impuestos por razones políticas. Sin embargo, como suele pasar en estos casos, en gran medida lo que importa es un asunto simbólico. La decisión del juez Andreu no tiene efecto alguno porque Israel no es parte recíproca, no reconoce jurisdicción universal alguna y no admite la Corte Internacional de Justicia ni acata sus decisiones. Por tanto, no hay nada que hacer jurídicamente. Pero eso saca a la luz pública el estatus internacional de Israel en cuanto Estado... ¿cómo? ¿delincuente? ¿terrorista? Téngase en cuenta que el frente de propaganda es vital en la estrategia de Israel.
La crítica a los jueces no puede venir por el hecho de que no se plieguen a la razón de Estado, tanto si la tal razón la esgrimen unos como si lo hacen otros. Al contrario, viene si ceden a la razón de Estado y a consideraciones corporativistas. Esa AN que hoy pretende empapelar a varios cargos políticos y militares israelíes que perpetraron una matana en Gaza en 2002, ¿es la misma AN que se niega a abrir las fosas comunes de los asesinatos fascistas en España? Esa fiscalía que hoy anima al juez de instrucción a proceder contra los acusados en Israel ¿es la misma que negó competencia al juez Garzón para investigar los crímenes del franquismo en España? ¿Es la misma fiscalía que se opuso con uñas y dientes al procesamiento de don Augusto Pinochet, dictador chileno, único jefe de Estado que asistió a los funerales de su amado maestro, Francisco Franco Bahamonde?
Fuera, sí; dentro, no. Eso es lo que no resulta de recibo en el proceder de la Audiencia. Parece como si estuviera diciendo que se arroga el derecho a perseguir el delito en todas partes excepto aquí, a proteger a todos los ciudadanos del mundo excepto a los españoles. Es algo tan absurdo, tan ilógico y, en el fondo, tan inmoral que, si fuera israelí, en lugar de cabrearme por la decisión del juez Andreu, incoaría en Tel Aviv un proceso para abrir las fosas en España para buscar los huesos de las personas asesinadas en crímenes de guerra cometidos por el Gobierno español entre 1939 y 1951. Jurisdicción universal, sí señor.
De la huelga prevista por sus señorías tengo poco que decir salvo la cuestión de formas. Eso de que los jueces no tengan derecho de huelga no me ha parecido jamás ni medio aceptable. Excepto el Rey y los políticos electos, los demás ciudadanos, todos sin excepción, tienen derecho de huelga. Lo que los diferencia es la importancia de los servicios mínimos. Pero nada más.
La cuestión es de formas. La izquierda judicial anda indignada porque la izquierda política dice que la huelga es corporativa. Pero es que lo es. Y la idea de la izquierda judicial de que la huelga no es corporativa porque la apoya ella no es convincente ni para el partido de la izquierda. ¿Qué sentido tiene mantener la amenaza de huelga con independencia del resultado de las negociaciones con el Gobierno sino es el de ir a la confontación sin más?
Porque las cosas son muy complejas, señores jueces. Por ejemplo: la justísima reivindicación judicial de la necesidad de coordinar informáticamente toda la administración de justicia. ¿Qué se desprende de aquí? La pasmosa noticia, nueva para muchos ciudadanos, aunque Vds. crean que no, de que la administración de justicia en España en 2009 no estaba informáticamente coordinada. ¿Quiere eso decir que la administración española de justicia no tiene una base de datos integrada? Eso no es posible. Tiene que haber un error. Pero habría que saber en qué medida la desastrosa situación informática de la justicia no es achacable a la resistencia numantina de los jueces, sobre todo los mayores, para adaptarse a las nuevas tecnologías. Pasa en todas partes en la administración pública: los funcionarios, sobre todo donde no hay medidores de productividad (por ejemplo, los jueces) tienden a no esforzarse en adaptarse a la informática.
Conste no obstante que me parece magnífico que los jueces vayan a la huelga para presionar al Gobierno y al Parlamento para que pongan la administración de justicia española a la altura del siglo XXI europeo y no del XIX español. Por favor.
(La imagen es un cuadro de James Ensor, Los jueces prudentes)
