A partir del 1º de enero de 2009, pasado mañana, dejará de editarse en papel el Boletín Oficial del Estado. Una publicación con casi 350 años de historia pierde el soporte de papel y pasa al mundo digital sin merma de su eficacia jurídica. Ya hacía tiempo que cabía consultar las dos versiones simultáneamente y en esa pacífica competencia de ambos formatos pudo comprobarse que el digital aventaja al de papel en todos los terrenos: cualquiera que disponga de un ordenador y conexion a la red puede consultarlo gratuitamente a cualquier hora del día desde el momento en que la Dirección General responsable de su edición lo cuelgue en la red. No hay limitación de horarios, festivos ni cierre por vacaciones. Y tampoco por lugar de residencia; la consulta podrá hacerse desde Madrid o desde Melbourne. Además, la página web en que se publica tiene un completo servicio de búsqueda histórica en la que se pueden consultar los BOE anteriores y hasta la histórica Gazeta del siglo XVIII y la búsqueda lleva segundos. No hace falta decir que, como sólo se imprimirán los ejemplares necesarios para cumplir el requisito del depósito, el ahorro en papel será considerable y, con el papel, tinta, maquinaria, locales, almacenes, vehículos de reparto, etc.
La virtualización del BOE es un progreso en el camino del convencionalmente llamado gobierno electrónico cuyo objetivo es garantizar las relaciones entre las administraciones y los administrados a través de la red. Los únicos que se sentirán molestos con esta decisión serán aquellos que se niegan a adquirir las (escasas) competencias necesarias para navegar por la red, una actitud que, al tratarse de gente de nivel cultural entre medio y alto, sólo puede entenderse como muestra de incuria. El otro aparente argumento de la equidad (¿qué pasa con quienes no disponen de ordenador y/o acceso a la red?) carece de valor desde el momento en que en nuestra sociedad abundan los puntos de acceso a internet públicos tanto gratuitos como de pago.
