En los dos referéndums autonómicos que se celebraron ayer en los departamentos rebeldes de Beni y Pando en Bolivia se esperan resultados de más del 80% de síes a los estatutos de autonomía que el Gobierno central del señor Evo Morales considera ilegales. Con estos y el de Santa Cruz, que celebró su referendum el pasado cuatro de mayo también con mayoría abrumadora a favor del sí, y el que celebre el departamento de Tarija el próximo 21 de junio ya seráuna parte importante del país, la más rica y la que tiene menor presencia indígena, la que emprenderá una senda de desvinculación del Gobierno central en defensa de sus intereses que son, en lo esencial, los de las oligarquías terratenientes amenazados por la posible aprobación en referéndum del proyecto de Constitución indigenista que ampara la nacionalización de los recursos naturales y la reforma agraria en favor de los campesinos más pobres, esto es, el programa político del Movimiento Al Socialismo (MAS) del presidente Morales.
Los paralelismos con la situación del País Vasco saltan a la vista. Los departamentos rebeldes han tomado explícitamente el modelo español de los estatutos de autonomía con el ánimo de ir más allá de la mera autonomía. Igual que el señor Ibarretxe ha tomado el ejemplo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el ánimo de ir más allá del Estado Libre Asociado. Los departamentos bolivianos rebeldes son la zona más rica del país; igual que el País Vasco es una de las zonas más ricas de España. Las consultas autonómicas bolivianas son ilegales, al decir del Gobierno central; lo mismo sucede con la propuesta de consulta del señor Ibarretxe. Las consultas deSanta Cruz, Beni y Pando dejan mucho que desear por el indiscriminado uso de la violencia que en ellas se ha hecho; igual que el señorIbarretxe pretende celebrar su consulta en plena actividad de la organización terrorista ETA tras haber dicho que no lo haría así .
Las diferencias residen en los respectivos gobiernos centrales. El de España tiene la auctoritas y, llegado el caso, la potestas para impedir la consulta ilegal del señor Ibarretxe mientras que en el caso de Bolivia no están claras la una ni la otra. En principio debía de tener la auctoritas dado que es un Gobierno legítimo pero el modo de aprobar el proyecto de constitución indigenista el pasado 30 de noviembre en Oruro por 164 votos a favor de 255 diputados constituyentes (menos de los 2/3 requeridos) y un sinfín de irregularidades le han restado mucha lagitimidad. En cuanto a la potestas del Gobierno central, ello se verá si la situación llega al extremo de que el Estado haya de emplear el weberiano "monopolio legítimo de laviolencia".
Digresión oportuna. En el preámbulo de la norma que convoca a consulta a la ciudadanía vasca (y de cuyas preguntas ya nos ocupamos aquí en un post titulado El parto de los montes) se pretende soslayar el problema de legalidad afirmando que la "consulta" no está sometida a la Constitución ni a la ley del (detestable) Estado español porque no es un referéndum sino eso, una "consulta". Pasmoso ¿verdad? Esto no es un atraco aunque pueda parecerlo, sino un préstamo acelerado y ejecutivo, podría decir con la misma razón el que asalta un banco. Y el mal nacido que tira a su esposa por la ventana podrá decir que le daba clases de vuelo sin motor. El descubrimiento de Ibarretxe pasará a los manuales del derecho penal y consiste en permitir que el presunto delincuente sea el que determine si su acto se ajusta o no a un tipo delictivo. Cada vez está más claro que esto del nacionalismo es cosa de meninges, ¿verdad?
